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ÑEE/26/02/2021Caló, ABC Color

El vice Huguín Velázquez participa, sin pudor, de actos proselitistas, utilizando un avioneta militar y sostiene que lo hace “por obligación”, ya que debe cumplir los protocolos de seguridad.

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En realidad, Huguín no tiene ninguna obligación de concurrir a ningún acto político partidario, ya que no es el vice de la ANR sino del país.

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El vicemandatario hace campaña proselitista, pese a que la Constitución dispone que se debe dedicar con exclusividad a sus funciones.

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Velazquín, que no parece florero como sus antecesores no quiere perder terreno con el Patrão, que con la operación cigar-triz apunta a las elecciones con una cuantos candidatos-escombros.

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Mientras estos “ilustres” andan de elecciones, la ciudadanía clama al capi Mazzoleni que vengan de una buena vez las vacunas contra el covid-19

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El expresidente cartista del Indert, Cárdenas se las está viendo negras en el juicio en su contra. Aunque, según él, la acusación de enriquecimiento ilícito, “es una tontería”.

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Es notable como algunos personajes se enriquecen estando en un cargo público, algo que es muy difícil que suceda si es que viven exclusivamente del salario que perciben.

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Aunque tal vez ahorran, dejando de fumar...

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Los intendentes y concejales que buscan el rekutú están comenzando con la campaña proselitista, prometiendo que harán lo que no hicieron durante su gestión.

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La ciudadanía se debe fijar muy bien en aquellos que vuelven a jurar que se preocuparán por el bien común, pese a no haberlo hecho cuando podían.

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También es conveniente darse cuenta quienes están detrás de estos personajes y cuáles son sus antecedentes, si no son algunos que siempre ganan licitaciones de obras o provisión de útiles o alimentos.

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Muchos de los que tienen cargos y salen de nuevo a pedir votos en realidad solamente quieren continuar con el zoquete para seguir enriqueciendo a su círculo cercano y a sí mismo.

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Algunos se aferran a los cargos porque creen que puede ser una protección para que no los alcance la mano de la Justicia.

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Todos ellos tienen a sus protectores en la fiscalía, la Corte o el Congreso que rechazan los pedidos de intervención y cuidan de su impunidad.

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