El 6 de mayo de 2024 ingresó al Instituto de Previsión Social (IPS) el pedido para la cesión del contrato de arrendamiento del Lote 17, propiedad de la institución en la conocida como Isla de Francia de Asunción. La solicitud en especifico era traspasar de Ignacio Leoz Callizo –adjudicado en noviembre de 2021– a un empresa denominada Parque Isla de Francia SA, en ese entonces presidida por el mismo Leoz Callizo.
Ante la solicitud, el Consejo de Administración solicitó un dictamen a la Dirección Jurídica del IPS. Esta dependencia remitió el 9 de septiembre de 2024 su parecer y en forma contundente señaló que el cambio solicitado no era posible.
“Conforme al contrato, al reglamento de arrendamiento y a la Ley de Contrataciones Públicas, no es viable”, indicaba el documento elaborado por Jorgelina Gómez de la Fuente, jefa de Dictámenes y Contratos, y firmado por José “José’i” González, exdirector jurídico de la previsional.
El argumento principal era que el análisis financiero y técnico utilizado para evaluar la oferta original se realizó sobre la base de la documentación presentada por Leoz Callizo. Por ello, no correspondía modificar posteriormente la titularidad del arrendatario.
Sin embargo, pese a este contundente documento, en el predio en cuestión se realizaron obras de envergadura y como responsable aparece la empresa Parque Isla de Francia SA.
La casualidad es que esa firma desde el año pasado pasó a integrar el portafolio de empresas vinculadas al Grupo Vázquez SAE. Tal es así que el actual presidente de Parque Isla de Francia SA es Guillermo Vázquez y como directores figuran Miguel Almada y César Astigarraga, todos vinculados al conglomerado que fue socio comercial del presidente Santiago Peña hasta abril del año pasado.
Más llamativo es que, a pesar del dictamen, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, reconoció que existía un pedido de cambio de titularidad en el predio. Sin embargo –según él–, estaba aún en análisis.
“Es posible hacer ese cambio de razón social toda vez que la nueva razón social reúna las condiciones de solvencia económica financiera para hacer frente a las obligaciones contractuales. Y, efectivamente, debe ser puesto a consideración del Consejo para su aprobación”, decía Díaz.
Ayer, ante este dictamen contundente, lo buscamos para conocer su versión, pero ya no atendió nuestras llamadas ni respondió a nuestros mensajes.
Intentaron suspender obras
Ya el 14 de agosto de 2024, mediante la Nota Interna CA Nº 059-0708/24, la Secretaría del Consejo de Administración solicitó la suspensión de las obras en el predio y revisar los términos contractuales, al considerar que las condiciones pactadas no parecían ser “favorables a los intereses del Instituto de Previsión Social”. No obstante, el Reglamento de Arrendamiento no permitía esa medida administrativa.
Debido a esa imposibilidad, en agosto de ese mismo año, el Consejo pidió a la Dirección Jurídica analizar la viabilidad para la rescisión del contrato o, en caso contrario, que informara sobre las alternativas legales disponibles.
Este pedido hasta la fecha es completamente desconocido, mientras en el sitio incluso ya se erigió una sucursal de Ueno Bank, parte del Grupo Vázquez SAE.
Declarar desierto
En su dictamen de 2024, la Dirección Jurídica recordó que a través del Memorando GAF/DIV/Nº 119/2021, elaborado por la Comisión Evaluadora durante el proceso de arrendamiento del lote, se había recomendado declarar desierto el llamado.
A pesar de esa recomendación, el 30 de noviembre de 2021 el Consejo de Administración del IPS adjudicó el arrendamiento a Ignacio Leoz Callizo por 20 años. La decisión se sustentó en una proyección de conveniencia económica futura.
Antecedentes debían ir a la CGR
La Dirección Jurídica del IPS en 2024 también sugirió que los antecedentes del caso sean remitidos a la Contraloría General de la República y en caso “de constatarse la presunta comisión de hechos punibles con afectación de los intereses económicos de la entidad y sus asegurados”, a la Fiscalía. Además, recomendó a la Dirección de Inversiones verificar los mecanismos para ajustar el canon al porcentaje establecido por la normativa o, en su defecto, remitir los antecedentes para analizar una eventual impugnación del contrato por “la desigualdad que pueda existir”. ABC Color intentó confirmar si se cumplieron esas recomendaciones del equipo jurídico. Sin embargo, el director Hugo Díaz no respondió y en una entrevista anterior solo aseguró que el arrendatario estaba al día con el canon y las inversiones.