El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres condenó este lunes al asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes a dos años de pena privativa de libertad y al abogado Raúl Cardozo a un año y ocho meses, por un caso de tráfico de influencias relacionado con el pedido y entrega de G. 5.000.000.
Petters fue declarado autor del hecho punible de tráfico de influencias, mientras que Cardozo fue considerado cómplice. El tribunal concluyó, por unanimidad, que la acusación del Ministerio Público quedó probada mediante la valoración conjunta de las evidencias producidas durante el juicio.
Sin embargo, ambas condenas quedaron con suspensión a prueba de la ejecución por dos años. Las reglas de conducta que deberán cumplir serán establecidas en la sentencia escrita.
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El dinero era para demorar una imputación
Durante el juicio se probó que Petters pidió G. 5.000.000 millones a una denunciante y le manifestó que el dinero sería destinado al fiscal que llevaba la causa. Según la acusación, el objetivo era convencer al representante del Ministerio Público de demorar la presentación de la imputación.
La demora pretendida debía permitir que los involucrados tuvieran tiempo para buscar una solución con la víctima de una causa de violencia familiar.
El abogado Cardozo actuó como nexo en la entrega del dinero. La Fiscalía sostuvo que ambos participaron del esquema para influir en el trámite de la causa.
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El tribunal descartó la resistencia
El Ministerio Público, representado por el fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez, había solicitado una pena de 4 años y 6 meses para Petters y 3 años y 6 meses para Cardozo. El pedido incluía el hecho punible de tráfico de influencias en concurso con resistencia.
El Tribunal de Sentencia, no obstante, descartó la acusación por resistencia. Las juezas consideraron que la conducta de los acusados después de recibir el dinero no reunía los elementos exigidos para configurar ese hecho punible.
Según los fundamentos expuestos, Petters y Cardozo intentaron alejarse del lugar y el asistente fiscal incluso esquivó a los agentes policiales. Finalmente, fueron detenidos aproximadamente a dos kilómetros del sitio donde se realizó la entrega.
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No hubo fuerza ni amenaza
El colegiado sostuvo que no basta con huir para configurar el hecho punible de resistencia. Para que exista este delito, debe acreditarse el empleo de fuerza o una amenaza de fuerza contra los agentes intervinientes.
Las magistradas concluyeron que durante el procedimiento no se probó que los acusados hayan ejercido fuerza o amenazado con utilizarla contra los policías. Por ese motivo, la resistencia quedó fuera de la condena.
La decisión redujo sustancialmente las penas solicitadas por la Fiscalía, que había considerado ambos hechos punibles en su acusación.
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Entrega vigilada y dinero marcado
El caso se inició en febrero de 2024 mediante una entrega vigilada de dinero, autorizada por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia. El operativo estuvo a cargo del fiscal Luis Piñánez, con la intervención del fiscal coadyuvante Silvio Corbeta y agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Los G. 5.000.000 utilizados como evidencia fueron previamente fotocopiados y autorizados judicialmente. El dinero fue colocado en un sobre blanco y entregado dentro del vehículo de Petters, que se encontraba estacionado en la vía pública.
Tras recibir el dinero, los involucrados advirtieron la presencia fiscal y policial e intentaron abandonar el lugar. Se inició una persecución de casi dos kilómetros hasta que ambos fueron reducidos y aprehendidos.
En poder de los acusados fueron encontrados los G. 5 millones previamente marcados, elemento que formó parte de las evidencias valoradas por el Tribunal para determinar la responsabilidad por tráfico de influencias.