La embarcación está varada en el sitio desde hace dos años, pero en los últimos siete meses la situación tomó un giro peligroso cuando el casco del navío comenzó a llenarse de agua y el sector de popa comenzó a hundirse.
La causa del hundimiento, según trascendió, sería un negligente manejo en ciertas tareas de reparación, que provocó el ingreso de unos 200.000 litros de agua a su interior.
Más allá de si fue así o no, lo grave del asunto es que todo este problema se manejó con desidia, sin que se le de la importancia que el caso exige, y hasta habilita a pensar que con intereses no confesados.
Si el problema no tomaba estado público, como afortunadamente ocurrió gracias a una oportuna denuncia de un ciudadano preocupado por la situación, es probable que el buque terminara por hundirse definitivamente, y su carga se desparramara en el río Paraná, generando un desastre ecológico.
¿Quién sería el responsable de las consecuencias ambientales? ¿Acaso el Ministerio Público por no actuar con la premura y eficacia que el caso requería? ¿El Estado paraguayo por no garantizar la protección de los intereses ciudadanos? ¿De qué serviría llorar sobre la leche derramada?
Este pequeño botón de muestra de caso del barco varado en Campichuelo nos enseña cuan grave importancia tienen las instituciones creadas para velar por esos intereses comunes, y cuánto peligro encierra para el interés colectivo cuando esa tarea no es asumida con el grado de compromiso y responsabilidad requeridos.
Finalmente, y con intervención de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional, la amenaza del barco varado con desechos contaminantes parece encaminarse hacia un solución transitoria que apunta a alejar el peligro del río Paraná. Pero, debemos estar atentos a su resolución final.