Así las cosas, podríamos perfectamente concluir que el miércoles pasado 47 parlamentarios decidieron suspender a una colega suya por parlamentar.
Parece un contrasentido, pero es exactamente lo que hicieron los 47, casi todos los colorados y algunos de sus aliados liberales de siempre, quienes tomaron la decisión de suspender por 60 días a su colega Celeste Amarilla, porque ella recordó lo que ya se dijo en muchísimas ocasiones anteriores, que hay congresistas que llegaron a sus bancas financiados por actividades ilegales.
“De los 80 que somos, me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, al menos 70... 60 que están acá con dinero sucio o con dinero de origen espurio y hoy están pagando cuentas con sus votos y con sus opiniones”, fue la frase de la parlamentaria, quien luego aclaró que se refería a ambas cámaras del Congreso y que si bien no tiene pruebas ni el número exacto, es solo cuestión de hacer un seguimiento al sentido de los votos para ver quiénes responden a sus financistas.
Esto fue precisamente durante una charla pública sobre financiamiento político y corrupción, organizada por el Frente Parlamentario Anticorrupción en la sede de la Cámara Baja.
Cada tanto decimos que con tal o cual decisión la Cámara de Diputados toca fondo; pero hay que reconocer que sus integrantes no dejan de sorprendernos con la capacidad que tienen de, verbo que está de moda, reinventarse constantemente.
El episodio podría formar perfectamente parte del capítulo de alguna novela sobre lo absurdo y hasta podríamos tomarlo en sorna, si no se tratase de lo que se trata.
Es la primera vez en todo este período democrático que una de las cámaras del Congreso toma la decisión de suspender a uno de sus miembros por haber expresado una opinión.
La esencia del Parlamento, el corazón de su actividad, es el parlamentar, es decir, dar la posibilidad a quien representa a una parte del electorado de expresar libre y públicamente sus opiniones, pensamientos, ideas, dudas y críticas, o dar a conocer toda aquella información que considere necesaria.
Tan protegida está esta atribución que la propia Constitución Nacional establece una protección específica, en su artículo 191, garantizando incluso que ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones.
Es decir, ni siquiera con una acción judicial un congresista puede ser perseguido por las opiniones que emita al cumplir su rol.
Todo ello para otorgarle la máxima libertad posible a un congresista, para que no existan factores externos que lo condicionen al cumplimiento de su mandato.
Pero parece ser que las razones y argumentos no importan, ante la precaria y peligrosa lógica del “tenemos más votos y hacemos lo que queremos”.
Solo basta observar que quienes hoy sancionaron a su colega, son casi los mismos que por ejemplo rechazaron poner a disposición de la justicia a otro colega, Éver Noguera, rechazando el pedido de su desafuero y demeritando de paso la investigación fiscal que también afecta al exgobernador de Guairá Rodolfo Friedmann, por la malversación en el dinero destinado a la compra de alimentos escolares.
Pero, además, es también una maniobra torpe políticamente, porque la que hubiese sido una expresión más, dentro de tantas que hemos visto, leído y escuchado sobre el tema, se transformó mediante el insólito y aberrante castigo, en un motivo que aviva de nuevo el debate y discusión sobre la narcopolítica y la financiación ilegal de las campañas electorales.
Es lo que en internet denominan el efecto Streisand, al lograr exactamente lo opuesto a lo perseguido con la censura.