Con este artículo, la ley quiere asegurar la calidad de la educación y para ello compromete a cuatro instancias, que representan a la totalidad de la población (ministerio de educación, gobernaciones, municipalidades y comunidades educativas) y les obliga a “garantizar”, asegurar indefectiblemente, la calidad de la educación.
Frente a la ley, la realidad es que la deseada y necesaria calidad no existe, estamos muy lejos de ella; las comunidades educativas no existen y el ministerio , las 17 gobernaciones y las 259 municipalidades no tienen plan ni programa alguno para garantizar la calidad de la educación; y nadie hace la “evaluación sistemática y permanente del sistema educativo y de los procesos educativos”, que prescribe el segundo párrafo de este mismo artículo.. Es decir, el mandato de la ley exigido en este artículo en nada se cumple.
Consecuentemente tampoco se cumple el artículo 22 que impone al MEC la obligación de informar “a los maestros, padres de familia y sociedad en general” de los resultados de dicha evaluación sistemática y permanente del sistema educativo y de los procesos educativos, con lo cual los destinatarios legales de tal información permanecen a oscuras en la desinformación, sin saber qué se está haciendo y cómo responden los hijos, el sistema y los procesos ante los desafíos de los permanentes cambios y nuevas exigencias de las sociedades actuales.
Al no cumplirse estos dos artículos se incurre en el grave delito de desacato a la ley. Ni los funcionarios del MEC, sobre todo el ministro, los viceministros y directores generales por su mayor responsabilidad, ni los 17 gobernadores, ni los 259 intendentes con sus respectivas Juntas Municipales pueden alegar que desconocían estos artículos y pretender liberarse de culpa, porque sigue estando vigente el principio jurídico absoluto que afirma que “la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley”.
Continuando el análisis de este comportamiento de los actores comprometidos en estos dos artículos, descubrimos dos graves problemas del gobierno, dirección y administración de la educación pública, y también de nuestro sistema educativo y de los procesos educativos: 1) la regresión a comportamientos de dictadura y 2) el bajo nivel profesional.
1) Los dos artículos que cito son de gran inspiración y gestión democráticas, conllevan extraordinaria participación pluralista, integración y corresponsabilidad, compromiso de la ciudadanía en el bien común, presencia activa conjunta de instituciones públicas y ciudadanos, transparencia con información permanente por parte del ministerio, etc. Eliminar todo esto, no acatar la Constitución Nacional y la ley, que ordenan crear las comunidades educativas y anularlas, restringir las responsabilidades de gobernaciones y municipalidades, no mantener informada permanentemente a la sociedad de ja marcha de cuanto le incumbe, gobernar, dirigir y administrar las tareas públicas con gobierno personalista, etc., sólo es posible en las dictaduras, jamás será aceptable en el Estado de derecho de una verdadera democracia.
2) El bajo nivel profesional se evidencia, por ejemplo en: a) conducir nada menos que la educación del Estado a espaldas de la Constitución y la ley; b) confiar la conducción del sistema educativo a políticos y amigos en vez de a profesionales del ramo expertos por experiencia honestos y con dominio de las ciencias de la educación; c) trabajar sin evaluación técnica permanente independiente; d) estar en el cuarto año de iniciada la “Transformación” y no tener aún un diagnóstico científico del estado de la educación; e) prácticamente nula investigación educativa, imperceptible pedagogía científica y carencia de producción intelectual sobre pedagogía y su relación con sus ciencias auxiliares; f) pésimos resultados de aprendizaje, etc
El nuevo Ministro de Educación y Ciencias, Sr. Brunetti, no ha tenido tiempo de demostrarnos si será capaz de hacer por la educación mucho, poco o nada; la carga que tiene encima es desmedida y difícilmente abarcable. Desgraciadamente debe ser consciente de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, necesarios también para salvar la educación, no ayudan a la esperanza.