Gobierno de la muerte

El viernes 28 de mayo una vez más se manifestaron los enfermos de cáncer y sus familiares frente al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para exigir al gobierno de Mario Abdo Benítez algo tan básico y que nunca debería faltar: medicamentos. Muchos esperan desde hace cinco meses los fármacos, otros más de un año, mientras algunos fallecieron durante esa espera que se hace eterna en el caso de los pacientes oncológicos.

Décadas pasadas, el cáncer era sinónimo de muerte segura y los diagnosticados se resignaban, pero la ciencia fue evolucionando y ahora basta con detectar a tiempo la enfermedad para que los pacientes se pueden salvar o lograr la cura. Incluso existen drogas para que aquellos que alcanzaron estadios avanzados puedan prolongar su existencia, y quién no se aferraría a esa posibilidad.

Sin embargo, el gobierno nacional, encabezado por Mario Abdo Benítez, prácticamente condena a la muerte a pacientes que tienen posibilidades de salvarse, atendiendo a que hizo faltar hasta los medicamentos más básicos.

El exministro de Salud Julio Mazzoleni, y el actual Julio Borba nunca hicieron lo suficiente para garantizar que los enfermos oncológicos puedan seguir viviendo y que tengan una vida de calidad. A duras penas se llevaron a cabo licitaciones, siempre con procesos muy lentos, con excusas de protestas interpuestas por oferentes, la pandemia, en fin, cualquier cosa con la intención de justificar la ineficiencia, inoperancia y desidia, aunque muchas veces para con el interés de ajustarse a las “medidas” de empresas amigas.

Lo extraño es que las ganadoras de las licitaciones tardan demasiado para la provisión, mientras en países limítrofes, no de primer mundo, en la Argentina y en Brasil específicamente, nunca hay desabastecimiento de las drogas para los enfermos oncológicos.

Justamente, debido a tanta burocracia, desde hace unos dos años la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares viene reclamando cambios en la Ley 2051 “De contrataciones públicas” en lo referente a salud, para que los procesos sean ágiles. No hubo ningún asesor jurídico del Ministerio de Salud ni un senador ni diputado que lo haya tenido en cuenta.

Con un panorama así, el gobierno de Mario Abdo Benítez no puede ser calificado como “de la gente”, sino de la muerte.

antonia@abc.com.py

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