El voto obligatorio

Es buena la intención de que la ciudadanía participe más activamente en la vida cívica. En este sentido, existe un proyecto de ley que obliga al ciudadano –con pena de multa- a votar en todos los actos políticos convocados por la Justicia Electoral. El problema de nuestras leyes –pienso en el empedrado del infierno- suele ser de difícil o nulo cumplimiento; porque nacen torcidas –con aviesos propósitos- o por muy complicadas.

En el caso del voto obligatorio creo que la actividad cívica del país ganará mucho si no tuviese una ley. Hay caminos para esquivarla sin dejar rastro de haberse incumplido y puede uno exhibir el comprobante firmado por el presidente de mesa. Todo bien, pero todo mal. Se cumplió con la ley pero se incumplió con su objetivo. Por haberse obligado a la gente salir de la casa de malas ganas, la venganza podría ser el voto en blanco o el voto nulo. Se anula un voto cuando se escribe por la papeleta. Y lo que se escriba no será un ejemplo de cortesía.

Los partidos políticos buscan siempre una amplia participación en los comicios. Da la ilusión de que sus representantes para los cargos locales, regionales o nacionales, tienen un sólido apoyo popular. Y a partir de este apoyo –repito, ilusorio- el ganador se atribuye el derecho de hacer cuanto se la antoja. Y lo que se le antoja, para nuestra desgracia, es siempre quedarse con el dinero público. Por muy conocidos, no voy a dar ejemplos; además, no cabrían en toda la edición del periódico. Para no dejar pasar la ocasión, recordemos un solo nombre: Oscar González Daher. Tuvo votos a raudales sin que hubiera ninguna ley que obligase a sus seguidores a elegirlo. ¿Qué hizo con esos votos? usarlos en su propio beneficio personal y familiar con grave daño para los intereses de la República.

El otro problema del proyecto de ley citado es que se obligará al ciudadano, salvo el que desee abonar la multa, a votar por personajes como González Daher o peores aún, si cabe. Un ejemplo de muchos: Tengo que elegir entre dos candidatos: a uno no le conozco y al otro le conozco demasiado. Con mi voto podría estar dañando la democracia que se pretende preservar con la participación obligatoria. Nada hace tanto mal a las instituciones como los funcionarios, nombrados o electos, incapaces y además corruptos.

Se podría decir que tal candidato “pintaba bien” pero luego salió mal, igual que muchos otros. He aquí que el voto de buena fe no sirve. O deja de ser de buena fue cuando el electo, asegurado el cargo, lo utiliza para la corrupción y sus electores aceptan mansamente sus fechorías. Uno puede equivocarse con el candidato que se había presentado con piel de oveja. El error es disculpable pero no el silencio a las malas gestiones.

El proyecto de ley que nos obliga a votar nació torcido, o por lo menos, a destiempo. Se busca mayor participación ciudadana pero antes necesitamos de una ley que limpie la lista de candidatos. ¿Cómo le vamos a obligar a los electores a votar por políticos, o aspirantes a políticos, con antecedentes policiales y judiciales? Mientras el Tribunal Superior de Justicia Electoral da la bienvenida a candidatos con un rosario de delitos, algunos tan serios como el narcotráfico, resultará incoherente que en nombre de una mayor participación se obligue al ciudadano a elegir a uno entre dos corruptos. Si, se tiene la posibilidad del voto en blanco o el voto nulo. Pero no habrá ni lo uno ni lo otro, o muy pocos, si la lista estuviese compuesta por ciudadanos de reconocida honorabilidad.

Pienso en Ciudad del Este. Hay muchas otras en las mismas o peores condiciones, desde luego. Los colorados de Ciudad del Este se verán obligados, de aprobarse la ley, a votar ¡por Ulises Quintana! sobre quien pesa una serie de delitos “significativamente” graves según investigaciones de la fiscalía.

Si a la ciudadanía se le presenta buenos candidatos no tendrá que verse obligada por ninguna ley a asistir a los locales de votación.

alcibiades@abc.com.py

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