Las municipalidades con mayores presupuestos de Alto Paraná arrancaron con el saldo en rojo, debido a deudas acumuladas del año pasado. Este 2022 es una nueva oportunidad para los administradores públicos para implementar en su gobierno la previsión financiera.
La Comuna de Ciudad del Este, bajo gestión de Miguel Prieto, cerró el 2021 con tres meses de salario atrasados, que equivale a un saldo superior a G. 12.000 millones.
Mientras que en Hernandarias, administrado por Nelson Cano, se contrajo una deuda bancaria de G. 5.500 millones para pago al personal y en Minga Guazú, gestionado por Diego Ríos, un empréstito de G. 2.000 millones para el mismo propósito; además de otros compromisos impagos en diversos rubros.
Las deudas corresponden al segundo semestre de 2021, período de baja recaudación en los municipios; no obstante, esta situación no las justifica.
Los administradores municipales deben adoptar una política de previsibilidad financiera, a fin de completar el ejercicio fiscal con el presupuesto equilibrado entre ingresos y egresos.
Un gobierno sin una eficiente planificación financiera resulta perjudicial. Si se recurre a préstamos; además de la deuda, se pagará también intereses. Si no se abona salario a tiempo, se priva de un derecho a los servidores públicos.
El empréstito para saldar gastos corrientes es pésima opción y aumenta el costo operativo de las municipalidades, en vez de que se destinen mayores recursos a inversiones para el desarrollo de los municipios. Lo que es peor es que parte de los gastos corrientes termina en el bolsillo de operadores políticos sin funciones específicas.
Los intendentes deben aprender de administraciones anteriores la importancia de la previsión financiera y no repetir los malos manejos. En ejercicio del poder, tienen la oportunidad de demostrar que son distintos de sus antecesores.
En tanto, los contribuyentes deben controlar a los gobiernos locales y exigir a sus autoridades una administración prolija, con previsibilidad financiera y un plan de gestión aplicable. El buen uso del dinero público es de interés general.