El MOPC invirtió US$ 269 millones de su presupuesto para obras al mes de julio de este año, equivalente al 37% del presupuesto asignado para este fin, que llega a US$ 725 millones. Una sola obra de envergadura se adjudicó hasta la fecha y en medio de cuestionamientos.
Recientemente los funcionarios del Ministerio Público pidieron informes al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por la falta de pagos de salarios y otras remuneraciones, pero según el titular de la Fiscalía, esto corresponde a una “dificultad momentánea” externa a la institución. Por otra parte, también habló sobre la necesidad de un “auxilio presupuestario”.
La creación de cargos en el sector público ha ido aumentando de manera sostenida en la última década. Solo en el periodo 2017 no se realizaron cambios, debido a que rigió el mismo presupuesto general de la nación (PGN) de 2016 por el veto presidencial dado en aquel año al PGN 2017. De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos 10 años se incluyeron 26.536 cargos más en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, de un total de 209.434 cargos registrados en 2014, subió la cantidad a 235.970 al cierre de 2023.
Casualmente, durante el estudio de presupuesto en la Cámara Alta a finales de noviembre pasado, la senadora Lizzarella Valiente había abogado por los recursos no para el Minna en general, sino particularmente para el Departamento de Cuidados Alternativos y de Adopción, donde un mes después incorporaron a Brisa Araceli Rodríguez González, hija de su pareja, el intendente municipal Oscar “Nenecho” Rodríguez.
Este lunes, el Presidente y varios ministros del Poder Ejecutivo, entre ellos el de Educación, estuvieron presentes en el colegio Fulgencio R. Moreno, de Asunción, para el lanzamiento de la actividad “Escuelas abiertas”. En la ocasión, se lavó las manos sobre el desangre al presupuesto que generan con la compra de sillas y computadoras “de oro” en el Congreso. Se limitó a decir que es “otro poder del Estado”.
Muchos políticos toman los cargos públicos como una propiedad particular. Disponen de ellos a su antojo. Se pasan por encima de las leyes y la ética. No les importa la opinión pública, menos aún la de quienes le dieron su voto con la promesa de una buena labor. Como se consideran dueños del dinero público, sus primeras gestiones se inician con incorporar a su parentela en la planilla de sueldos sin importar qué funciones ha de cumplir ni mucho menos su idoneidad. El asunto es que le mantenga el Estado.