Sale del departamento y va con sus mascotas a la plaza que queda a una cuadra del edificio en el que vive.
Pasan un par de minutos de las diez de la noche y el chico ya no vuelve a su casa a pie, sino a bordo de una patrullera y acompañado por dos policías, quienes pretendían llevarlos a el y a su madre a la fiscalía con el argumento de que ella no lo estaba cuidando debidamente, al permitir que saliera de la casa en la hora límite fijada por el gobierno para circular durante ese momento de la pandemia.
La mujer se asusta e inmediatamente contacta a una abogada, quien le dice que no tiene por qué ir ni a la fiscalía ni a la comisaría por esa nimiedad. Discute con los policías, quienes al cabo de un par de horas deciden labrar un acta y retirarse.
Fue a mediados de 2020. Hace unos días ambos reciben un mensaje en el teléfono de su madre a modo de notificación, informándoles que el chico debe comparecer en una audiencia judicial en un proceso por “delito ambiental”.
Unos días después reciben otro mensaje en el que le informan que debe someterse también a una evaluación psicológica.
Así, los policías que no lograron su objetivo de la demostración de fuerza en ese momento, consiguieron sin embargo que toda la estructura burocrática del Estado se moviese con el argumento de que las perritas estaban haciendo pipí en la plaza.
Ya sé. Dirá que a estas alturas parece el argumento de alguna de esas películas de lo absurdo, más propia de los hermanos Coen o de Buñel, aunque en realidad es solo la descripción de parte de lo que le tocó vivir a una familia que, paradójicamente, fue distinguida por varios medios y organizaciones el año pasado, por haber organizado una enorme actividad solidaria durante la pandemia.
Las víctimas de esta historia del absurdo institucional paraguayo son Ignacio Masulli y su madre Mónica.
Una situación absurda en la que el disparador fue un acta policial, documento confiable si los hay últimamente, y los ejecutores fueron un fiscal y una jueza que hubiesen evitado este nuevo bochorno institucional si hubiesen aplicado un solo principio, el de razonabilidad.
Pero en lugar de esto, toda la estructura burocrática judicial se movió para castigar a un muchacho por haber sacado a dar una vuelta a sus mascotas en medio del largo encierro.
Una demostración de fuerza de los policías, y un fiscal y una jueza quienes simplemente dejaron de lado su capacidad de valoración de los hechos para hacer algo más que tomar un parte policial y hacer que toda la estructura del Estado se mueva para terminar sobreseyendo a la víctima, a la que hicieron previamente pasar malos ratos, incluyendo una supuesta evaluación psicológica que en realidad estuvo más orientada a hacerlo sentir culpable.
“Salí del Palacio de Justicia llorando de impotencia. Estuve más de una hora hablando con una psicóloga poco capacitada, que a toda costa trataba de entender que estaba tan mal en mi vida y por eso era un delincuente... Amo mi país pero nunca en mi vida tuve tantas ganas de salir corriendo” escribió el joven, procesado por un supuesto delito ambiental.
Una parodia, un remedo institucional, una nueva e infame historia local de lo absurdo, mientras siguen impunes los incendios urbanos y rurales, la contaminación de ríos, lagos y arroyos, y se rellenan humedales con el aval de la autoridad de turno.
No en vano alguien dijo alguna vez, que si el gran Franz Kafka hubiese vivido en Paraguay, apenas habría sido un simple costumbrista.