En la frontera esteña, con las honrosas excepciones, los policías desde hace décadas se constituyen en elementos de inseguridad. Este grupo de uniformados olvidan la misión constitucional de la Policía de preservar el orden público y brindar seguridad a las personas y entidades y de sus bienes.
El 19 de noviembre pasado, una agrupación de agentes acribilló por error un vehículo pensando que estaba ocupado por un forajido de la justicia. El malogrado operativo culminó con la muerte de un joven y se suma a la infausta estadística de víctimas de la impericia policial, que en lo que va del 2022 costó la vida de dos jóvenes en Ciudad del Este.
Cuando la sociedad paraguaya aún no asimilaba la tragedia, salió a luz un nuevo escándalo. Una paraguaya procedente de España denunció que fue secuestrada y extorsionada por seis efectivos para evitar una extradición. Estas prácticas corruptas son habituales en la frontera. Los efectivos merodean los movimientos de personas dedicadas en actividades ilícitas, con la intención de sacar una tajada del dinero sucio.
En ciertas ocasiones, incluso secuestran y extorsionan a turistas, dañando la imagen de esta región fronteriza que depende económicamente en gran medida del turismo de compra.
La cúpula policial está obligada a adoptar las medidas correctivas y preventivas para evitar otros casos de gatillo fácil. Además, de implementar acciones que desalienten los procedimientos extorsivos de los efectivos.
La depuración de la fila policial es una responsabilidad colectiva. En esta corresponsabilidad, el Poder Judicial y la Fiscalía brillan por su falta de efectividad. En este contexto, la ciudadanía no debe cansarse de exigir que las instituciones funcionen.
Las autoridades regionales tampoco deben permanecer calladas y deben golpear la mesa al Gobierno central ante los operativos luctuosos y extorsivos que perjudican a la población y a la economía de la zona.