El autor, o los autores, a decir del responsable del relato, unos “chespiritos” con los que conviven en el barrio.
Esclavos del “chespi” o crack que se encargan de tratar hurtar todo lo que pueda darles algunos billetes para seguir financiando su adicción y dependencia.
Es solo la manifestación final de un problema que tiene varias caras, un poliedro de miseria al que también se debe atacar desde el ángulo de quienes financian estos hurtos.
O cómo puede explicarse que roben medidores que claramente pertenecen a la ESSAP y que deberían ser rechazados y denunciados por aquellos a quienes es ofrecida la mercadería.
Lo mismo con las tapas de los medidores de la ANDE, o con los cables del tendido eléctrico de los que extraen el cobre para la venta.
También actúa como financista de estos hurtos, robos, asaltos y hasta asesinatos con fines de robo, quien por ejemplo compra una mercadería ofrecida en condiciones sospechosas, sin ningún tipo de garantía, respaldo ni documentos, y por un valor evidentemente muy inferior al de su precio normal en el mercado.
Todo esto se enmarca dentro de la figura conocida como reducción en el Código Penal.
Aquella que caracteriza como reducidor a quien con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, recibiera la posesión de una cosa obtenida mediante un hecho antijurídico contra el patrimonio ajeno, estableciendo una pena máxima posible de hasta cinco años de cárcel, o hasta diez años si la persona actuara comercialmente o como miembro de una banda formada para la realización continuada de hurtos, robos o reducciones.
La ley está. Pero la realidad es que deberían realizarse campañas nacionales que vinculen directamente los delitos y crímenes que se cometen con fines de robo con la acción de comprar los objetos robados y así seguir manteniendo un círculo vicioso de delincuencia con los reducidores como financistas abiertos o encubiertos.
Es también, sobretodo, una batalla cultural.
Solo basta recordar que hasta hace algunos años era social y mayoritariamente aceptado el comprar vehículos robados en Brasil o Argentina a sabiendas de su origen.
El discurso anestésico social es que se trataba de vehículos que eran denunciado como robados pero que en realidad eran “solo un golpe de seguro”, como si se tratase de algo menor el que hayan sido vendidos clandestinamente como producto de una acción fraudulenta.
Lo mismo puede verse hoy a otra escala con los teléfonos celulares, en sitios muy concurridos por su amplia fama en la venta de aparatos de dudoso origen, con ofertas que incluyen el “flasheo” de cualquier teléfono, sin certificar su origen ni procedencia.
Es cuestión de voluntad. De intentar ponerle un cerco a los reducidores. De entender que son los responsables de financiar a quienes convierten en víctimas de hurtos, robos y asaltos a ciudadanos que obtienen algo como producto de su esfuerzo y sacrificio diario.
El combate a los reducidores es una manera de intentar que el barrio ya no siga amaneciendo sin medidores.