La delincuencia no termina como se ha iniciado. Comienza –para graficarlo- con el robo de gallina y acaba en homicidios. En apariencia estamos aún en el robo de gallinas, pero hay preparativos para prender el fuego; preparativos que se activan en los tres poderes del Estado. Tenemos, por caso, al senador cartista Erico Galeano acusado de lavar dinero del narcotráfico. La investigación de la fiscalía acopió suficiente documentación que probaría la culpabilidad de Galeano. Tales pruebas le dejaron sin fueros, fue procesado, condenado a prisión domiciliaria y ahora tiene ambulatoria. O sea, libre. En ningún momento se le privó de asistir al Senado pese a la gravedad del delito que habría cometido. Este no es sino un ejemplo de la justicia que padecemos. Demasiada facilidad para la entrada de la delincuencia.
Se sabe de sobra que el narcotráfico maneja dinero en cantidades siderales. Sirve para comprar objetos y personas que ayuden a facilitar la permanencia y expansión del negocio.
No sabemos si por ignorancia, o como parte del esquema delictivo, hay parlamentarios que presentan proyectos de leyes que premian la delincuencia. Se debe al diputado cartista, Yamil Esgaib, la ley con media sanción según la cual el funcionario que roba al Estado y devuelve lo sustraído, será beneficiado con la mitad de la condena si devuelve el dinero. Si fuese condenado a ocho años, sólo estará cuatro en la cárcel. De todos modos, según los entendidos que criticaron este mamotreto, el juez puede disponer el comiso de lo sustraído sin reducir la condena.
El senador colorado, Ramón Retamozo, es el inspirador de una ley que colisiona con la Constitución Nacional. Es la referida a la casi imposibilidad de expulsar a un parlamentario. De mayoría simple, se elevó a mayoría absoluta. Dos intentos anteriores habían sido vetadas por los expresidentes Horacio Cartes y Abdo Benítez por inconstitucionales. La tercera arremetida resultó exitosa, si exitosa puede llamarse a la trama para fortalecer la corrupción.
La perversidad de la iniciativa de Retamozo consiste en que fue concebida para apuntalar el propósito de utilizar el dinero público en favor de hijos, hermanos, esposas, etc. y así perpetrar el nepotismo con tranquilidad, seguros de que no serán castigados. Conscientes de que el nepotismo es un delito, aprobaron a la disparada el citado proyecto de ley. A partir de aquí –y desde antes, incluso- las oficinas, el patio, los pasillos del Congreso, se llenaron de “asesores”, con altísimo salario sin ninguna función específica.
Mientras la ciudadanía expresaba su indignación por este despilfarro, cada parlamentario recibía un sillón que cuesta casi seis millones de guaraníes, más computadoras a un precio unitario de quince millones de guaraníes. La presión ciudadana hizo que se adquiriera el 50% de lo pactado. En total, al país le costó cerca de trescientos millones de guaraníes la aventura de “modernizar” el Parlamento.
Al mismo tiempo afuera, en el otro país, las aulas escolares se caen a pedazos, no hay remedios en los hospitales, el sueldo de maestros y médicos es de hambre; equipos hospitalarios no pueden repararse “porque no hay dinero”.
Estos hechos, efectos de la corrupción, empujan al país hacia días peores: que caiga totalmente en manos de los narcotraficantes. Así comenzó Ecuador.