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El juez dio curso favorable a un amparo promovido por una asociación de agricultores de la provincia de Misiones contra un Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, del Poder Ejecutivo argentino que eliminaba facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate-INYM (un organismo con facultades de regular el mercado yerbatero), y abría el mercado a la libre importación del producto.
La polémica se instaló cuando los recurrentes alegaron que el producto ingresado contiene altos niveles de metales pesados. La respuesta del Centro Yerbatero Paraguayo (CYP) no se hizo esperar, con el consiguiente rechazo a las especulaciones.
Pero más allá de la controversia sobre el punto, un detalle de fondo en la acción de los productores misioneros radica en el hecho de que el nuevo escenario creado por el decreto abre las compuertas para que “importadores impulsados por un afán de lucro desmedido”, según sostienen, ingresen el producto evitando los controles sanitarios y poniendo en jaque a la economía familiar de un grupo vulnerable, constituido por los pequeños productores yerbateros.
El INYM en un organismo creado por ley con amplias facultades: desarrollar investigación, llevar estadísticas, ejecutar censos y relevamientos de producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y sus derivados, con el objetivo de “implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta y la demanda”.
Es una suerte de “resorte” regulador en el juego de intereses entre un sector mayoritario altamente vulnerable (productores y cosechadores) y el integrado por los secaderos y molineros (industriales), en un sistema donde, a decir de los accionantes, unos pocos compradores determinan el precio de la materia prima y el precio del producto final.
Siguiendo la lógica de la acción planteada por los productores misioneros, en este esquema de intereses el juego de la “oferta y la demanda” no tiene precisamente un “libre juego”. Unos pocos pueden decidir comprar barato y vender caro.
La situación que viven en la vecina orilla no dista mucho de la que experimentan los productores primarios en nuestro país -altamente vulnerables- quienes deben lidiar en un esquema donde el “libre juego de la oferta” dista mucho de ser “libre”. Con el agravante de que no cuentan con un organismo que pueda oficiar de “árbitro” en ese desigual juego de intereses.