Entre los casos más representativos de este año pueden citarse; la explosión en una fábrica de Capiatá (finales de noviembre — diciembre 2025). La detonación de un tanque en una planta industrial que provocó quemaduras graves y finalmente, la muerte de dos trabajadores que habían quedado internados tras el siniestro. Tras esto, los propietarios de la fábrica resolvieron la suspensión de actividades en sectores de la fábrica mientras a la fecha no se tienen certezas de las actuaciones de la Autoridad Administrativa del Trabajo sobre dicho caso.
Igualmente el accidente reportado en el aeropuerto Silvio Pettirossi (septiembre 2025), en donde un portón metálico de gran peso cayó sobre trabajadores del sector de cargas; se registró un fallecido y un herido. El hecho tuvo como precedente la manipulación de cargas pesadas y los protocolos de seguridad incumplidos en terminales logísticas.
Caso de otro trabajador aplastado por un árbol en Itapúa, registrado en marzo del corriente, en la construcción de una ruta en Naranjito, donde un motosierrista murió al caerle encima un árbol durante tareas de despeje; se observó la falta de medidas de control en obras viales.
Accidentes por caídas y electrocuciones en obras y servicios, se registraron igualmente durante este año, reportándose múltiples episodios —caídas desde andamios o techos, electrocuciones al manipular instalaciones y aplastamientos por maquinaria— que derivaron en incapacidad permanente o la muerte de trabajadores.
Puestos los casos en cifras estas reflejan una realidad de alta siniestralidad laboral: el Instituto de Previsión Social (IPS) reportó miles de reposos por accidentes laborales en lo que va del año, y en ciertos meses se registraron más de 4.000 subsidios por accidentes laborales atendidos. Son cifras que evidencian una incidencia sostenida de sucesos que generan incapacidad y hospitalizaciones. Además, los registros y reportes oficiales del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de su “Observatorio Laboral” muestran una actividad normativa y estadística intensa en 2025, pero con brechas entre diagnóstico y control efectivo.
Recordemos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) publicó resoluciones y cambios en procedimientos de inspección como la Resolución N.º 398/2025 que establece aspectos del manual de inspección, además de otros instrumentos para priorizar casos graves. No obstante, trabajadores, sindicatos y periodistas han denunciado que las modificaciones administrativas no se traducen en una mayor presencia operativa de inspectores en los puntos de mayor riesgo ni en sanciones ejemplares a empleadores reincidentes. En la práctica, las fiscalizaciones aparecen como tardías o reactivas luego de tragedias, en lugar de preventivas. Como dato adicional pero no menos importante, debe advertirse que el MTESS cuenta con menos de treinta (30) fiscalizadores para atender al total de empleadores registrados y a un sinfín de patrones que operan en la informalidad, donde los casos de accidentes laborales no tienen eco ni forman parte de las estadísticas oficiales.
La existencia de normas y manuales, así como la clasificación de hechos por gravedad en resoluciones recientes no exonera al Estado de la crítica, la persistencia de accidentes mortales sugiere fallas en la implementación, limitaciones de recursos humanos y/o procedimientos administrativos que dilatan la reacción frente a empresas con un histórico de incumplimientos.
Los reportes sobre los casos citados apuntan a problemas recurrentes como la ausencia de equipos de protección personal adecuados, falta de señalización, procedimientos de trabajo inseguros, fallas de mantenimiento en equipos (tanques, puertas metálicas), y precariedad en la capacitación del personal. Estas carencias son obligaciones básicas que la normativa laboral y de seguridad exige a los empleadores; su incumplimiento coloca en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y, en numerosos episodios del presente año, se presentaron como factores directos o concomitantes de los siniestros.
Organizaciones sindicales y colectivos de familiares han exigido investigaciones públicas y responsabilidades penales y administrativas en casos como la explosión de Capiatá y otros accidentes con resultados fatales. Los reclamos se centran en pedir transparencia en las investigaciones, informes técnicos accesibles, sanciones proporcionales y medidas que eviten la repetición de hechos similares. Los diversos grupos laborales y sociales insisten además en la necesidad de capacitación obligatoria, planes de emergencia obligatorios y la figura de delegados de prevención en las empresas, que si bien aparecen en las distintas normas, no lo hacen o no existen en la práctica, al momento de los accidentes o situaciones de riesgo.
En conocimiento de estos casos que han tomado estado público, corresponde reforzar las inspecciones preventivas y focalizadas en aumentar la frecuencia y orientación de las fiscalizaciones hacia sectores de alto riesgo (construcción, industria química, logística), a puertas del siguiente año.
Los sucesos reportados en este año 2025, representan relatados del día a día confirmados por registros de seguridad social que muestran que las tragedias laborales en Paraguay no son hechos aislados sino síntomas de problemas sistémicos; cumplimiento insuficiente por parte de empleadores, fiscalización débil o tardía, y brechas entre normativa y ejecución. Sin una respuesta integral, inspecciones reales, sanciones efectivas, prevención obligatoria y estadísticas consolidadas, se seguirá pagando con la vida y la salud de trabajadores. Las familias, los sindicatos y buena parte de la sociedad demandan hoy no solo palabras de condolencias y promesas de fiscalizaciones, sino cambios concretos y verificables que impidan que más hogares deban enterrar a sus seres queridos por accidentes previsibles.