El reciente diagnóstico regional es claro y contundente. América Latina, y Paraguay con ella, ha caído en lo que la CEPAL denomina las “trampas del desarrollo”. No se trata solo de crecer o no crecer, sino de círculos viciosos estructurales: una baja capacidad para crecer de forma inclusiva, una alta desigualdad arraigada y, quizás la más perniciosa de todas, una debilidad institucional crónica.
El espejismo macroeconómico
Es innegable que Paraguay ha hecho tareas importantes. Hemos logrado un dinamismo económico que muchos vecinos envidian, con un crecimiento del PIB en torno al 5% entre 2023 y 2025. Y la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es un caso de éxito que permitió aumentar la recaudación en más del 20% en 2024. Sin embargo, estos indicadores, aunque positivos, corren el riesgo de convertirse en un espejismo si no se traducen en bienestar tangible.
La paradoja paraguaya es evidente: tenemos una matriz eléctrica 100% limpia gracias a nuestras hidroeléctricas, pero nuestra matriz energética total sigue dependiendo peligrosamente de la biomasa y los hidrocarburos importados. Tenemos estabilidad monetaria, pero el 63% de nuestra fuerza laboral sigue atrapada en la informalidad, sin acceso a protección social ni jubilación digna. ¿De qué sirve el crecimiento agregado si una gran proporción de nuestros adultos mayores carece de cobertura de pensiones, dependiendo casi exclusivamente de subsidios asistenciales no contributivos?
La crisis silenciosa del capital humano
Si el presente económico muestra grietas, el futuro que estamos construyendo es aún más alarmante. Los datos sobre capital humano deberían ser un escándalo nacional. El Índice de Capital Humano del Banco Mundial para Paraguay se sitúa en 0,5. Esto significa que un niño nacido hoy en nuestro país alcanzará, en promedio, solo el 50% de su productividad potencial futura debido a las deficiencias en salud y educación que recibirá durante su crianza. Estamos, literalmente, operando a media máquina.
Esta estadística en apariencia abstracta tiene rostros concretos. Se refleja en los resultados de las pruebas PISA, en las que Paraguay se ubica en las últimas posiciones globales. Que el 85% de nuestros estudiantes de 15 años no alcance las competencias mínimas en matemáticas y el 65% no comprenda lo que lee no es solo un dato educativo; es una sentencia económica. Estamos enviando al mercado laboral a una generación con serias desventajas competitivas en plena era de la economía del conocimiento.
A esto se suma la tragedia de la exclusión: la tasa de finalización de la secundaria en zonas rurales apenas roza el 58%. Mientras tanto, persiste el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (los “ninis”), afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. Estamos desperdiciando nuestro bono demográfico, una ventana de oportunidad histórica que se va cerrando.
El déficit productivo y ambiental
Nuestro modelo de desarrollo también muestra signos de agotamiento. La estructura productiva sigue siendo poco diversificada y dependiente de los recursos naturales, con una inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) anémica, cercana al 0,15% del PIB. Sin innovación, es imposible dar el salto hacia empleos de mayor calidad.
Paralelamente, la sostenibilidad ambiental está en números rojos. La pérdida de bosque natural continúa a un ritmo preocupante —270.000 hectáreas perdidas solo en 2024— impulsada por la expansión de la frontera agropecuaria. Esta degradación ambiental no es un problema estético, sino económico: nos hace más vulnerables a los choques climáticos, como las sequías e inundaciones, que golpean directamente a nuestra base productiva y a las poblaciones más pobres.
La trampa institucional: el verdadero cuello de botella
¿Por qué, a pesar de los diagnósticos y los planes, nos cuesta tanto avanzar? Nuestro análisis sugiere que el obstáculo central es la tercera trampa identificada por la CEPAL: las bajas capacidades institucionales y de gobernanza.
En Paraguay, el problema no es el “qué” hacer, sino el “cómo”. Nuestras instituciones públicas sufren de una fragmentación severa. Vemos ministerios que actúan como compartimentos estancos, duplicando esfuerzos o anulándose mutuamente. Existe una desconexión crónica entre la planificación estratégica a largo plazo y la asignación del presupuesto anual: priorizamos en el papel, pero no financiamos en la práctica.
La calidad del gasto público es otra arista de esta trampa. Las ineficiencias en la inversión pública y en las compras del Estado, muchas veces agravadas por esquemas de corrupción que actúan como un impuesto oculto al desarrollo, nos cuestan recursos valiosos que podrían destinarse a infraestructura o salud. Además, la falta de un servicio civil profesionalizado y basado en el mérito debilita la memoria institucional y la capacidad técnica para implementar políticas complejas. Sin una burocracia competente (en el sentido weberiano del término), hasta la mejor ley se convierte en letra muerta.
Gestionar las transformaciones: una hoja de ruta
Superar estas trampas en el tiempo que nos queda requiere un golpe de timón. No necesitamos más diagnósticos, sino gestionar activamente las transformaciones. Esto implica fortalecer lo que los expertos llaman las capacidades “TOPP” de las instituciones: Técnicas, Operativas, Políticas y Prospectivas.
Primero, necesitamos gobernanza efectiva. Esto significa invertir en la coordinación interinstitucional real, no solo en comisiones protocolares. El Estado debe funcionar como una orquesta, no como solistas desafinados. La reciente creación de la DNIT y la mejora en la recaudación demuestran que, cuando se fortalecen las capacidades institucionales y se usa tecnología, allí devienen los resultados. Debemos replicar esa lógica de eficiencia en el gasto social y la inversión pública.
Segundo, es urgente mejorar la calidad regulatoria. Herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) deben dejar de ser pilotos experimentales para convertirse en la norma. Necesitamos reglas claras, basadas en evidencia técnica, que fomenten la formalización y la inversión, en lugar de ahogar a las MIPYMES con burocracia innecesaria.
Tercero, debemos impulsar un financiamiento inteligente. Dado que nuestros recursos fiscales son limitados, es vital explorar instrumentos innovadores como los Bonos ODS y alianzas público-privadas bien diseñadas. Pero el dinero no basta sin diálogo. Necesitamos revitalizar los espacios de concertación entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Las reformas profundas —educativa, de seguridad social, de servicio civil— generan resistencias naturales que solo se pueden vencer con coaliciones amplias y consensos políticos duraderos.
Cinco años para cambiar el rumbo
La Agenda 2030 no es un listado de deseos burocráticos de Naciones Unidas; es un inventario urgente de nuestras propias necesidades nacionales. Lograr un Paraguay más productivo, inclusivo y sostenible es técnicamente posible, pero políticamente desafiante.
Los próximos cinco años demandarán mucho más que inercia. Requerirán un liderazgo capaz de articular una visión de Estado que trascienda los ciclos electorales cortos. Si logramos fortalecer nuestras instituciones, mejorar la calidad del gasto y poner el foco obsesivo en el capital humano, podremos aspirar a un desarrollo real. De lo contrario, llegaremos al 2030 con los mismos diagnósticos en la mano, pero con cinco años menos de futuro para nuestros jóvenes. Es hora de soltar el freno que ataja el desarrollo del Paraguay.
Artículo original publicado en el Vol. 16 Núm. 2 (2025) de la Revista investigaciones y estudios – UNA. https://revistascientificas.una.py/index.php/rdgic/article/view/5516