María Francisca Báez Recalde, 34 años; Johana Marie Villasanti Escobar, 30 años; su hija, Divina Luana Encina Villasanti, 12 años; Virgilia Adriana Alvarez Alegre, 28 años; Juana González Gómez, 27 años; y una mujer cuya identidad aún no se pudo determinar. Son ellas las seis víctimas que, en este lúgubre enero, nos interpelan y reclaman JUSTICIA.
Johana fue atacada por Luis Fernando Esquivel, su ex pareja, en su casa. Fue apuñalada 25 veces. Intentando defenderla, su hija Divina también murió apuñalada; y el hijo, de apenas 9 años, fue herido, y es quien salió a pedir ayuda. En dos oportunidades, Johana había hecho denuncias contra Luis Fernando, pero en la Comisaría de Isla Bogado, Luque, nada hicieron.
María Francisca fue apuñalada por su pareja Cristhian Pereira, 14 veces, hasta que el cuchillo quedó incrustado en la última herida. Virgilia Álvarez recibió un balazo en la cabeza. El autor, Leonardo Martínez, se suicidó. Y hay dos mujeres indígenas: Juana González, quien murió el 1 de enero de 2026, apuñalada por su ex pareja, no identificada y prófuga; y Emilia Zorrilla, que fue abusada sexualmente y luego, supuestamente estrangulada. Ayer detuvieron al presunto autor, Ever Alejandro Ruiz.
Después de estas seis muertes, que se sumaron a las 113 víctimas desde 2023, el Gobierno de Santiago Peña debería hacer cuanto menos un mea culpa; asumir que no están haciendo lo suficiente en materia de derechos de la mujer, prevención de violencia contra la mujer; educación y, sobre todo, ejecución de políticas públicas de protección a las víctimas de violencia familiar y a los niños que quedan huérfanos.
La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, reconoció que “no podemos seguir retrasando la Justicia”. Pero no asumieron responsabilidad ni el ministro del Interior, Enrique Riera, ni el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ni el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, que sí salió a defender a su jefe, pero no habló de los niños huérfanos. Mucho menos Santiago Peña, que seguro está cerca de inventarse otro viajecito.
Las leyes, los protocolos, no van a tener verdadero efecto mientras no haya un trabajo articulado entre los ministerios, incluido el de Educación. Menos aún podremos avanzar mientras no toquemos el problema de fondo: el machismo, los derechos de la mujer, la equidad, y la inclusión. Porque 119 muertes es un desesperado grito de auxilio. Y porque a las que están vivas, vivas las queremos.