El texto del acuerdo parte de una premisa clara en sus “considerandos”: los minerales críticos ya no son solo materias primas, sino activos de seguridad nacional esenciales para tecnologías avanzadas e industrias de defensa.
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El objetivo central es fortalecer las cadenas de suministro mediante inversiones coordinadas, buscando crear mercados más equitativos y líquidos que dejen atrás la dependencia de proveedores poco confiables.
Un punto llamativo es la visión temporal del acuerdo. Los firmantes pretenden aprovechar la capacidad operativa y de procesamiento que Paraguay proyecta tener disponible para este mismo año 2026, lo que sitúa a nuestro país en una posición de urgencia estratégica.
El memorando se estructura en dos bloques fundamentales que delinean cómo se llevará a cabo esta cooperación:
Sección I (Minerales Críticos): Es el motor del acuerdo. Aquí se establece la intención de movilizar financiamiento estatal y privado en un plazo de seis meses para proyectos que generen productos finales.
Además, incluye la cooperación en cartografía geológica para identificar qué tesoros esconde el suelo paraguayo y la capacitación técnica de funcionarios locales, aunque sería interesante involucrar a actores no industriales del sector privado.
Un aspecto para la polémica es el compromiso de acelerar o desregular los procesos de permisos para la extracción y procesamiento, buscando agilizar la burocracia en favor de la inversión.
Sección II (Disposiciones Generales): Regula la operatividad del pacto, estableciendo reuniones periódicas y un mecanismo de terminación sumamente flexible, en el que cualquiera de las partes puede retirarse con un aviso de apenas treinta días.
La letra chica: lo “no vinculante”
Por otra parte, hay que entender que, en términos legales, este documento podría tener los pies de barro. El punto cinco de la Sección II enfatiza en que el memorando se trata de un “plan de acción político y programático”.
Esto significa que el acuerdo no es vinculante. No crea obligaciones legales ni financieras exigibles, ni puede ser llevado ante tribunales internacionales si una de las partes incumple el acuerdo.
Es una declaración de intenciones. Para Paraguay, esto es un arma de doble filo: por un lado, protege nuestra autonomía al no atarnos contractualmente; pero por otro, deja el flujo de inversiones y la transferencia tecnológica supeditados exclusivamente a la voluntad política del momento en Washington.
La firma de este memorando abre una ventana de oportunidad sin precedentes para que Paraguay deje de ser un mero exportador de energía y commodities agrícolas. La posibilidad de acceder a financiamiento para procesamiento industrial y cartografía de alto nivel es, sobre el papel, un salto cualitativo.
Sin embargo, los desafíos son monumentales. La intención de “simplificar o desregular” permisos debe encender alarmas en nuestra sociedad civil; el desarrollo minero no puede darse a costa de la degradación ambiental o de la flexibilización de controles en ecosistemas frágiles.
Asimismo, la soberanía se pone a prueba: en un mercado global de precios mínimos y medidas de protección dictadas por potencias, Paraguay debe asegurar que su riqueza mineral no sea solo un engranaje en la maquinaria de defensa extranjera, sino el combustible de su propio desarrollo nacional.
Este acuerdo es una invitación a la mesa de los grandes. Queda en manos del Estado paraguayo garantizar que, en esa mesa, nuestra soberanía y nuestra tierra no sean el plato principal del que se sirvan otros, protegiendo esencialmente nuestro medioambiente y el bienestar de nuestro pueblo.