Sancionar a los irresponsables

Desde el 1 de este mes hasta la fecha se registraron 67 llamados por incendios en el departamento de Cordillera. Las cifras son contundentes: 20 incendios de pastizales de pequeña magnitud, 31 de mediana y 10 de gran magnitud, además de 6 incendios forestales, de los cuales 3 fueron de mediana y 3 de gran proporción. No se trata de episodios aislados ni de situaciones excepcionales; es una reiteración preocupante que evidencia falta de prevención y controles insuficientes.

Hace apenas un mes, en la ciudad de San Bernardino, una mujer de 91 años perdió la vida en un incendio y no pudo ser rescatada con la rapidez necesaria porque los hidrantes eran inservibles. Ese hecho dejó en evidencia falencias estructurales graves en el sistema de respuesta ante emergencias. Si la infraestructura básica no funciona correctamente, cada nuevo incendio se convierte en una amenaza directa para la vida de las personas.

A esto se suma la precariedad con la que trabajan los bomberos voluntarios. Con equipamientos limitados, recursos escasos y un desgaste físico y emocional constante, deben enfrentar siniestros cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Resulta inadmisible que, mientras la irresponsabilidad en las quemas sigue generando emergencias evitables, quienes arriesgan su vida lo hagan sin condiciones óptimas ni respaldo suficiente.

Las cifras actuales y la tragedia reciente en San Bernardino deben ser una señal de alarma contundente. Se requieren acciones concretas, mantenimiento urgente de hidrantes, controles estrictos y una verdadera política de prevención que priorice la vida y la seguridad de la población.

A esta problemática se adhiere el impacto ambiental que dejan los incendios, con suelos degradados, pérdida de biodiversidad y una calidad del aire que afecta directamente a comunidades enteras. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias son los más perjudicados por el humo constante, lo que convierte a los incendios no solo en una emergencia ambiental, sino también en un problema de salud pública que requiere atención inmediata.

Finalmente, es fundamental entender que la prevención no puede recaer únicamente en los bomberos voluntarios. Las municipalidades, instituciones del Estado y la ciudadanía deben asumir responsabilidades compartidas, desde campañas de concienciación hasta controles efectivos de quemas y sanciones ejemplares. Sin un compromiso colectivo real, Cordillera seguirá atrapada en un ciclo de incendios que cada año deja más daños, más riesgos y, potencialmente, nuevas tragedias.

faustina.aguero@abc.com.py

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