Lejos de tratarse de un problema menor, la situación impacta directamente en la seguridad vial. Conductores deben realizar maniobras bruscas para esquivar los agujeros, motociclistas quedan especialmente expuestos y los peatones enfrentan un entorno inseguro, sobre todo en horarios nocturnos. Cada día, transitar por esta ruta implica asumir un riesgo innecesario, donde un descuido o una mala maniobra pueden derivar en accidentes evitables. En días de lluvia, el escenario empeora considerablemente porque los baches se vuelven “invisibles”.
Para muchos pobladores, especialmente aquellos que utilizan la ruta para trabajar o trasladar productos, estos costos representan un golpe significativo a su economía diaria. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? La falta de respuestas concretas genera frustración en la ciudadanía, que no solo exigen soluciones, sino también compromiso y responsabilidad por parte de las instituciones encargadas.
No se observan intervenciones de fondo ni planes sostenidos que apunten a una solución definitiva. Las promesas de mejoras quedan, en muchos casos, en anuncios que no se traducen en obras concretas. Y de esta manera continúan los reclamos ciudadanos que quedan en la nada, mientras el deterioro avanza y el riesgo aumenta. La situación exige acciones urgentes, antes de que las consecuencias pasen de los daños materiales a las tragedias. En este contexto, también se hace evidente la necesidad de una mayor presencia institucional en el interior del país. Las comunidades no pueden seguir esperando respuestas indefinidas mientras enfrentan, día tras día, condiciones que atentan contra su seguridad y calidad de vida. La ruta Arroyos y Esteros-Tobatí no solo conecta ciudades sino historias, trabajo, educación y oportunidades. Su abandono no es solo un problema vial, sino una muestra clara de desigualdad en el acceso a servicios básicos.
Ignorar esta realidad sería naturalizar el riesgo. Por ello, el llamado es claro: las autoridades deben asumir con seriedad esta problemática.
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