Solo un ingenuo podría creer que la bautizada como “Mafia del asfalto” tras el último operativo detectado el pasado 11 de julio, se agota en los nombres de 3 funcionarios municipales de rango menor, un exfuncionario jubilado y la pareja de éste.
Es que hasta aquí son las únicas personas imputadas en la causa, que quedó documentada como uno de los últimos escándalos de corrupción que afecta a la administración de los recursos municipales en Asunción.
Los fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez imputaron a cinco personas, a los funcionarios Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo, al exfuncionario jubilado Antonio Prieto Cané y a Lilian Ramona Benítez Ortiz, pareja de uno de éste, como los identificados en este negociado.
Fue el concejal Pablo Callizo quien tras recibir la denuncia organizó todo el operativo para documentar una práctica que al decir de algunos no es nada nueva.
Y fue así que encontró con las manos en la masa, o las máquinas en el asfalto, a una decena de funcionarios pavimentando el predio de la empresa privada Cóndor, con maquinarias y asfalto desaparecido de la Dirección de Vialidad.
La empresa privada se defendió, argumentando que contrató de buena fe los servicios de una empresa: AP Construcciones - Obras Viales, que ofrecía este trabajo en internet y que presentó el precio más bajo de entre algunas empresas consultadas.
Pero la oferente sería en realidad una empresa de maletín, una ficción, una fantasía que servía a esta “gavilla” al decir del fiscal Piñánez, para usar maquinarias, asfalto y funcionarios municipales en beneficio propio. En el caso documentado el 11 de julio pasado por ejemplo, usaron camiones volquetes, una terminadora asfáltica, una compactadora, una retroexcavadora, unos diez trabajadores y unos 74 mil kilos de asfalto que desaparecieron ese día de los registros municipales.
La maniobra en este caso quedó bien documentada, pero la imputación fiscal lleva a una conjetura obvia: resulta imposible creer que solo unos cuantos sub alternos y un exfuncionario jubilado y su pareja manejaban este negocio, a espaldas de las autoridades municipales, movilizando toda una gran infraestructura, con camiones volquetes, maquinarias, asfalto robado y funcionarios al servicio de una caja recaudadora paralela.
Los denunciantes, el concejal Callizo y el también candidato a concejal Maximiliano Seiferheld, critican que los verdaderos responsables de la mafia del asfalto, superiores de la Dirección de Vialidad, ni siquiera hayan sido mencionados por los fiscales en su acta de imputación, y que además la imputación se hiciera por apropiación cuando que en realidad corresponde un proceso por lesión de confianza porque son funcionarios responsables de cuidar el patrimonio municipal, que terminaron vendiéndolo y utilizándolo en beneficio propio.
Seiferheld también cree que no van más arriba en la estructura porque estamos en época electoral y esto puede tener un impacto sobre la candidatura oficialista, con la que los fiscales tienen un vinculo directo, según el denunciante.
El sentido común arroja una conclusión demasiado obvia: es imposible que todo este negocio paralelo y con pesada maquinaria municipal se haya podido armar en el corazón de las instalaciones de la Municipalidad, sin la protección de quienes tenían a su cargo el control y administración de los recursos de los contribuyentes.
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