Investigan qué funcionarios de Automotores estuvieron involucrados en el escándalo de clonación en Caaguazú

El jefe del Departamento de Control de Automotores de la Policía dispuso el cierre de la oficina regional N° 2 Caaguazú, con asiento en la ciudad de Coronel Oviedo, luego de que se denunciara una clonación de chapas y la supuesta venta de una “constancia de verificación” por G. 9 millones.

Al respecto, el comisario Benicio Ramírez, director general de Investigación Criminal de la Policía, señaló que dichas dependencias estarán cerradas mientras dure el proceso de sumario administrativo. En ese sentido, detalló que el jefe actual y varios otros funcionarios están siendo indagados, además de los que estuvieron en esta dependencia cuando ocurrió esa presunta irregularidad denunciada por el ciudadano Flamino Aguirre.

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Asuntos Internos se encuentra a cargo de la verificación y también se comunicó al Ministerio Público para tomar intervención en caso de que se detecte un hecho punible. “Llevé a mi equipo para la inspección y todas las actas que correspondan (...) Nosotros somos los más interesados en aclarar”, detalló el comisario Ramírez.

En otro momento, aprovechó para advertir que la Policía Nacional no puede realizar verificaciones al azar, como la reportada por la víctima. “La gente tiene que saber que solamente Registros Públicos puede dar un documento; la Policía no puede”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

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Un millonario pedido

El estafado, oriundo del distrito de J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9), había relatado días atrás a ABC cómo perdió G. 130 millones al comprar una camioneta Toyota Hilux, año 2007, con documentación apócrifa. Según la víctima, entregó un vehículo de su propiedad más G. 80 millones en efectivo para retirar ese rodado, mediante un contrato privado de compraventa, cuya protocolización se realizó en la escribanía (en Asunción) de Julio Cáceres Carrillo, un nombre que aparece en otros relatos de supuesta clonación de documentos de vehículos.

La víctima recordó que cerró el negocio con una persona cuya identidad real pudo conocer después: Augusto David Haseitel Almirón, un conocido presunto clonador y con un cúmulo de antecedentes por apropiación, estafa, producción de documentos no auténticos y hasta homicidio.

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El afectado relató que, una semana después de su compra, supuestos efectivos policiales de Control de Automotores de esa zona “lo eligieron” para una verificación de rutina para luego ofrecerle una “solución”, previo pago de G. 20 millones, monto que fue luego reducido a G. 9 millones.

Al estafado se le entregó una supuesta constancia de verificación del vehículo ilegal, similar a la que ya se hizo viral en el caso de la auxiliar fiscal Claudia Guillén.