Para este miércoles está prevista la finalización de la etapa de producción de pruebas documentales, en el marco del juicio al comisario principal Hugo Adalberto Ayala Quiñónez, ex jefe de la comisaría número 4 de Asunción, y el suboficial Carlos Alfredo Mendoza, así como al abogado Jorge Darío Cristaldo, acusados por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal, por presuntamente brindar cobertura al criminal brasileño Eduardo “Piska” Aparecido de Almeida, que se movilizaba bajo la identidad de Fernando Ferreira.
El Tribunal de Sentencia a cargo de esta causa, está presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rosana Maldonado. En tanto que, el Ministerio Público está representado por la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
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En 2021, el abogado Jorge Cristaldo fue condenado a una pena de 6 años de privación de libertad, mientras que los policías Hugo Ayala y Carlos Mendoza, fueron condenados a penas de 5 años de encierro, por un Colegiado presidido por María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida Fleitas.
La defensa de los encausados planteó apelación especial contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 12, del 10 de marzo de 2022, que ratificó la Sentencia Definitiva (SD) N° 413 del 12 de octubre de 2021.
Sin embargo, con votos de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes y Víctor Ríos, rechazaron los recursos de casación de Ayala y Mendoza, y sí admitieron el de Cristaldo, por lo que se declararon la nulidad de la sentencia y de su ratificación, por falta de argumentación y violación de las reglas de la sana crítica, por lo que ordenaron la realización de un nuevo juicio.
Por su parte, el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, que votó en disidencia, consideró que los agravios señalados por la defensa de los acusados no se configuraban como tales, por lo que votó por no hacer lugar a los recursos extraordinarios de casación planteados por ellos.
Policías habrían brindado protección a “Piska”
De acuerdo con la acusación que había presentado, al entonces fiscala antidrogas Lorena Ledesma, el exjefe de la Comisaría 4ª de Asunción, Hugo Adalberto Ayala Quiñónez, utilizó su cargo para brindar custodia a Eduardo “Piska” Aparecido Almeida dentro del territorio paraguayo.
El jefe policial designó esta función a su subalterno, el oficial Carlos Alfredo Mendoza, y omitió informar a la Comandancia de la Policía Nacional sobre las reiteradas ausencias del agente a su cargo, ya que el mismo se encontraba realizando la custodia del criminal brasileño.
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Ayala Quiñónez “no solo ordenó a su subordinado realizar tareas de custodia, hecho totalmente irregular ya que no existía una orden fiscal y/o judicial que ordene dicha función, sino que el acusado tenía conocimiento de la identidad de Eduardo Aparecido Almeida y con conocimiento aún así realizó el hecho”, puntualiza la acusación.
Por su parte, el abogado Jorge Darío Cristaldo, acusado de asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal, fue el que realizó los trámites de “Piska” ante la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que el jefe del PCC adquiera su arraigo, para ello utilizó documentos de contenido falso bajo el nombre de Fernando Ferreira Da Silva.
Según el Ministerio Público, el letrado también facilitó compras de electrodomésticos, alquileres de viviendas y de vehículos de alta gama, utilizando su nombre personal o la de su firma de nombre Agroganadera Forestal S.A.
“Piska” operó 4 meses en Paraguay
Eduardo Aparecido Almeida era miembro activo del PCC, requerido por la República Federativa del Brasil por contar con cinco órdenes de detención pendientes. Para evitar la ejecución de estas ordenes utilizó una identidad falsa de nombre Fernando Ferreira Da Silva y en marzo de 2018 ingresó al Paraguay a fin de iniciar los trámites de arraigo.
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Con ayuda de los acusados logró arraigarse en Asunción y continuó con el tráfico de armas y sustancias estupefacientes, que anteriormente se encontraba realizando en la República Federativa del Brasil, hasta el mes de julio de 2018, cuando cayó detenido y fue expulsado del Paraguay.
Con las ganancias de estas actividades ilícitas recibía un beneficio económico y al mismo tiempo financiaba al PCC, cuyos miembros se encontraban en constante comunicación con el mismo, tal cual consta en la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados.