Por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 39, la juez penal de garantías de Lambaré, Gladys Fariña, decretó aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para Edelio Ortiz, de 61 años, un supuesto reducidor de armas de fuego que hasta el martes último cumplía prisión preventiva. El mismo fue detenido el 15 de noviembre de 2025, durante uno de los 29 allanamientos hechos en la zona conocida como Pantanal, en el marco de la operación Extractio.
La magistrada estableció para el procesado por detentación ilegal de armas de fuego, según la Ley N° 7.411/2024 de Armas, y asociación criminal, la prohibición de salir del país, de cometer otros hechos punibles, de consumir bebidas alcohólicas, de consumir drogas, de cambiar de domicilio y de cambiar de número telefónico sin autorización previa del juzgado.
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Además de prohibirle la comunicación por cualquier vía con los demás coimputados, la jueza Gladys Fariña también decretó el embargo preventivo de un inmueble registrado a nombre de Carlos Rubén Vera Méndez.
La defensora pública, Fátima Patricia Agüero, ejerció la defensa de Ortiz al momento de llevarse a cabo la audiencia de revisión de medidas. En dicha oportunidad, planteó como hechos nuevos la falta de tipicidad, la recusación al agente fiscal del caso Andrés Arriola, y una resolución de incompetencia del Juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado.
Con relación a la recusación, la defensora de Ortiz señaló que “el fiscal interviniente ha sido recusado, circunstancia que altera de manera sustancial la legalidad del procedimiento. Desde ese momento procesal, toda actuación fiscal posterior queda jurídicamente debilitada, y no puede servir como base válida para sostener restricciones a la libertad personal”.
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Cinco imputados por hechos criminales
Tras las intervenciones, el fiscal titular de la causa, Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, formuló imputación contra cinco personas que fueron detenidas en los distintos allanamientos domiciliarios llevados a cabo.
En tal sentido, a Edelio Ortiz (61) se le sindica la posesión de cinco armas de fuego de distinto calibre, entre ellas una escopeta, una pistola y tres revólveres, sin la autorización correspondiente; además de contar con dinero en efectivo en distintas denominaciones y divisas, así como cuatro celulares y 14 relojes, que serían producto de la actividad de reducción o del intercambio por drogas.
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Al procesado Richard Fernando Collante (36), poblador del asentamiento Villa Angélica, se le atribuye la posesión de cinco plantines de cannabis, así como una bolsa de polietileno celeste con semillas de cannabis con peso de 6,81 gramos; además de un arma blanca, un picador de hierbas, varios proyectiles de arma de fuego de distintos calibres y un celular.
A Daniela Carolina Segovia Arévalos (36), la Fiscalía le atribuye la tenencia sin autorización de 12 bolsitas con marihuana, que totalizó un peso de 251 gramos. En tanto que a Iván Alexis Valdez Mercado (21), al momento de su detención tenía en su poder 2,83 gramos de marihuana en una bolsa de plástico; 2,22 gramos de marihuana en suelto; un cigarro de 10 cm con marihuana, con un peso de 2,27 gramos; y 2 plantas de cannabis sativa; además de dinero en efectivo y otros objetos.
Mientras que a Sergio Daniel Delvalle (35), alias Chevo, se le atribuye la posesión de una caja moledora de marihuana con la descripción “5 honey”, con restos de la hierba; un plato con restos de marihuana; 2 bolsas de hielo con marihuana, con un peso de 16,81 gramos; y papel filtro de la marca OCB premium; y una caja de picar marihuana.
Combate al crimen organizado con la operación Extractio
El 15 de noviembre de 2025, una nutrida comitiva conformada por agentes fiscales y personal de la Policía Nacional, llevaron a cabo un total de 29 allanamiento en el marco de la denominada operación Extractio.
Los procedimientos se realizaron en base a la hipótesis formulada sobre que en la zona conocida como Pantanal, del barrio San Isidro de Lambaré, “se estarían realizando actividades consistentes en la guarda de sustancias estupefacientes, así como la distribución y comercialización de las mismas, además del ocultamiento de armas de fuego utilizadas para la comisión de diversos hechos punibles, tales como robos agravados, tentativas de homicidio y homicidios”, según señala la imputación fiscal.
Añade el escrito fiscal que “según la información manejada, las sustancias estupefacientes y armas de fuego pertenecerían a facciones criminales organizadas autodenominadas ‘Clan 24/7’ y ‘Clan del oeste’, las cuales se encontrarían en disputa territorial en la zona mencionda”.
Incluso, según los datos recabados previamente a la operación, señalaban que “los líderes de dichas facciones estarían reclutando a personas menores de edad para la ejecución de las actividades delictivas de disparos de armas de fuego, tentativas de homicidios; en tanto que la guarda, distribución y comercialización de las sustancias estupefacientes estarían involucrando a mujeres y personas adultas mayores”.