El crimen de la paraguaya se produjo el sábado 4 de abril pasado en un hospedaje de la ciudad de Cusco, Perú.
La víctima fue la compatriota Daisy Eliana González Morínigo, quien estaba a punto de cumplir 33 años de edad cuando fue acribillada con pistola por un sicario que sería oriundo de Venezuela y que permanece prófugo.
La Policía local informó en ese momento que nuestra compatriota habría sido eliminada por una red de trata de personas y prostitución, aunque no especificaron cuál era el rol de ella en la trama.
El cuerpo de Daisy fue llevado a Bolivia, donde vivía con su esposo boliviano. Ella era oriunda de Asunción, capital de Paraguay, según su cédula de identidad.
Inicialmente, hubo tres detenciones relacionadas con el homicidio, pero ninguna de estas personas habría tenido participación directa en el caso, sino más bien aparentemente ayudaron a los perpetradores.
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Sospechosos del crimen, vinculados a facción del Tren de Aragua
Hoy, miércoles 15 de abril, el medio informativo RPP de Perú publica que capturaron a integrantes de facción del Tren de Aragua vinculados al asesinato de ciudadana paraguaya.
El texto dice que “la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Pedro Jesús Aguiar Célis (37) y Jacsell José Mujica Marcano (37), presuntos integrantes de la ‘Guerrilla pobre’, una facción del Tren de Aragua, organización vinculada con el asesinato de la ciudadana paraguaya Deysi González”.
El general Virgilio Velázquez, jefe de la región policial de Cusco, dijo a los medios de prensa peruanos que Pedro Jesús Aguiar Célis habría ordenado directamente el crimen de la paraguaya.
“La cabeza [de la organización] está en Estados Unidos y este es el segundo lugarteniente, es un tal Pedro Aguiar. Este es el que habría ordenado y dispuesto el asesinato de la ciudadana paraguaya. Esta estructura criminal se ha capturado y desbaratado a 16 integrantes, entre venezolanos y algunos peruanos”, señaló el general.
“Este operativo permitió a las autoridades desarticular a la facción del Tren de Aragua que, según información policial, se dedicaba a la extorsión de trabajadoras sexuales y otros delitos”, añade la publicación.
En la parte final, el texto revela que “la víctima habría sido atacada tras negarse a pagar cupos semanales exigidos por la organización. Esta modalidad afectaría a más de 150 mujeres en la región”.