El fiscal que investiga este nuevo escándalo que salpica a la Policía Nacional, Néstor Coronel -de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea)- señaló que estas irregularidades fueron descubiertas luego de que uno de los agentes policiales protagonizara un accidente de tránsito al mando de uno de estos vehículos que aparentemente son ”mau", presumiblemente robados en países vecinos.
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Cuando la Fiscalía investigó el percance automovilístico confirmó que el vehículo que estaba al mando del uniformado -cuya identidad no se divulgó por cuestiones de procedimiento- estaba en su poder en calidad de depositario judicial, modalidad que ya no existe desde el momento de la promulgación de la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El 18 de septiembre del 2017 fue promulgada la Ley N° 5876/2017 de la Senabico y el 28 de mayo de 2024, la Ley N° 7254/2024, que modifica y amplía dicha normativa para agilizar la venta anticipada de ciertos bienes incautados.
Prosiguiendo con las pesquisas, los investigadores del Ministerio Público confirmaron que la camioneta siniestrada supuestamente fue entregada al uniformado por el juzgado penal número 4 de la ciudad de Concepción, a cargo del magistrado Héctor Daniel Morán.
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Cuando los agentes fiscales se constituyeron en dicho juzgado, advirtieron de que en la misma oficina se habrían fraguado otros cuatro documentos de contenido falso para entregar vehículos a uniformados.
Documentos falsos en evidencia
En todos los casos, supuestamente se utilizó el mismo procedimiento: se inventaron informes sobre procedimientos policiales sobre incautación de drogas abandonadas a bordo de lujosas camionetas. Luego, el juzgado entregaba estos vehículos, bajo la modalidad de depositario judicial, a los oficiales intervinientes.
Por supuesto, los números de las resoluciones de los documentos en realidad no corresponden o no existen, por lo que el supuesto beneficiario también se ve obligado a fraguar una matrícula y una cédula verde apócrifa para poder circular tranquilamente por todo el territorio nacional a bordo de un vehículo de alta gama y de última generación.
El fiscal Coronel confirmó que son cinco los casos descubiertos durante su investigación, que corresponden a tres camionetas Toyota Hilux y dos camionetas Toyota Fortuner, de los cuales tres ya fueron entregadas por los poseedores en el departamento de Control de Automotores.
Camionetas entregadas por los agentes de la Policía Nacional
Uno de los vehículos es una Toyota Hilux blanca, con matrícula apócrifa AAXL 182 PY, con número de chasis 8AJBAECD9N1736215, que fue entregado por el suboficial Mayor Atilio Ariel Delgado Galeano, del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.
El otro vehículo entregado es una Toyota Hilux blanca, con chapa apócrifa AAFW 765 y con chasis número 8AJHA3CDLL2093893, que estaba en poder del suboficial mayor Alder Fabían Zarza, también del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Igualmente, un vehículo de similares características que estaría en la misma nómina del fiscal Coronel fue entregado en las últimas horas en el departamento de Control de Automotores por un funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyo nombre no fue proporcionado por los responsables de Control de Automotores.
Aparentemente, las dos camionetas, que también estaban en poder de uniformados ya fueron puestas a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal del caso Néstor Coronel se negó a dar más detalles sobre la identidad de los agentes y la situación legal de los mismos, aunque recalcó que la investigación en está en pleno desarrollo.
Ahora todos los vehículos entregados deben ser sometidos a peritaje para confirmar el origen de cada uno.
Hay otros 171 casos similares
Fuentes de la Comandancia de la Policía señalaron que luego del accidente y del descubrimiento del uso irregular de estos vehículos se detectaron al menos 171 casos similares en la institución.
Es más, esta situación ya era tan normal que muchos de estos vehículos o sus tenedores fueron beneficiados con cupos mensuales de combustibles.