El escándalo judicial se desató el 30 de julio pasado, cuando policías de la Comisaría 2° Central de Fernando de la Mora detuvieron a su colega, el suboficial mayor José Antonio Grance, de 38 años, personal del Departamento Antinarcóticos.
Este fue interceptado en la zona de 11 de Septiembre y Pitiantuta cuando manejaba una camioneta Toyota Fortuner blanca, año 2019, que usaba la chapa WHFZ 868, pero que en realidad sería robada.
Para colmo, el policía de Antinarcóticos conducía el vehículo mau sin licencia y completamente alcoholizado, según el alcotest que salió positivo. Momentos antes de su detención, el suboficial Grance habría amenazado a otro conductor en un cruce semafórico.
La fiscala de Fernando de la Mora, Otilia Concepción Aguilera Iglesias, pidió posteriormente informes sobre la lujosa camioneta que manejaba el policía Grance, ya que este presentó un documento que lo identifica como responsable del rodado, en carácter de depositario judicial.
A partir de ahí, cuando se solicitaron los informes, se descubrió que la orden de depositario judicial que exhibió ese policía aparentemente es falsa. Después de eso, aparecieron más casos, principalmente generados en la Circunscripción Judicial de Concepción, por lo que intervino la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó una auditoría.
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Esa investigación, que aún está en curso, arrojó algunos resultados parciales, como por ejemplo el caso de entrega como depositario judicial de una camioneta Toyota Hilux blanca, año 2018, que usaba la chapa AAXL 182 y que también sería robada.
El citado vehículo fue entregado en la ciudad de Concepción, capital del departamento de Concepción, según el A. I. N° 353 emitido del 11 de diciembre de 2023 por la jueza Honorina Acosta Cantero (ya jubilada) y refrendada por la actuaria judicial Rossana Isabel Coronel (ahora fiscala de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero).
El beneficiario fue un policía, el suboficial mayor Atilio Ariel Delgado Galeano, que en ese momento tenía 41 años.
Sabían que ese fiscal ya no trabajaba en Concepción
Para justificar la adjudicación de la camioneta, la entonces jueza Honorina Acosta y la entonces actuaria Rossana Isabel Coronel consignaron en su resolución que el vehículo mau fue entregado al policía Atilio Ariel Delgado supuestamente por pedido del fiscal Celso René Morales Fernández, en su carácter de titular de la Unidad Penal 3 de Concepción.
Sin embargo, cuando saltó ese caso del 2023, el fiscal Morales no solo negó haber hecho el pedido para entregar la camioneta al policía, sino que también denunció que falsificaron su firma y su sello y recordó que trabajó en esa unidad penal de Concepción solo hasta 2021, es decir, dos años antes de la adjudicación del vehículo mau.
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El fiscal Morales también resaltó que la jueza y la actuaria sabían perfectamente que él ya no trabajaba en Concepción en 2023, sino que en ese momento ya cumplía funciones como fiscal de Narcotráfico en Pedro Juan Caballero, y que por ende no pudieron haber autorizado la entrega de ese vehículo mau.
El viernes último, 4 de setiembre, el fiscal Celso René Morales presentó una denuncia penal ante la propia Fiscalía de Concepción, para que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial que formarían parte de la rosca corrupta que blanquea vehículos robados entregándolos como depositarios judiciales.
Solo cuatro días después de la denuncia presentada por el fiscal Morales, el martes 8 de setiembre, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández lo destituyó de su cargo de fiscal de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero y lo trasladó como fiscal de Unidad Penal Ordinaria, Laboral, Niñez y Adolescencia de Horqueta.
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Esta reasignación, básicamente, podría tomarse como un castigo, ya que se trata de un cargo menos relevante del que venía ostentando el denunciante.