En Senado existen tres proyectos relacionados al conflicto de intereses en la Función Pública, que hace varias semanas no logran unificarse. Si bien se planteó una propuesta que buscaba unificar los proyectos del senador Derlis Osorio (ANR, oficialista) con el de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), se generó mucha confusión. Igualmente el Ejecutivo remitió otro texto que no pudo ser analizado por falta de dictamen de comisiones.
Además de esto, en Diputados hay una cuarta propuesta presentada por el Frente Parlamentario Anticorrupción que eventualmente se podría tratar en Senado.
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La definición de “puertas giratorias” que acuña uno de los proyectos refiere a “los funcionarios públicos de alto cargo que prestan servicio en una institución que regula, fiscaliza, inspecciona, vigila o controla una determinada área estratégica de la administración pública y una vez egresado del servicio público, se incorpora a empresas que operan dentro del mismo sector, como gerentes, miembros del directorio y/o propietarios existe un conflicto de intereses; y también en la situación inversa”.
Los proyectos de Ley plantean impedir que por 1 o 2 años, estas “puertas giratorias” tengan un impedimento para ser contratadas en empresas o instituciones del mismo rubro en el que se desempeñaban previamente.
Si bien algunos argumentos como el del senador Enrique Riera (ANR, cartista) intentaron menospreciar la relevancia de reglamentar el conflicto de intereses, atendiendo que hay varios casos precisamente relacionados líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, hubo otros cuestionamiento que fueron más al fondo de la cuestión.
La senadora Desirée Masi (PDP) refutó a Riera, recordándole que varios países de la Unión Europea, puntualmente 21 de los 32, entre ellos Francia, Alemania y otros, poseen leyes que regulan y prohíben el conflicto de intereses y los casos de puerta giratoria, por lo que malamente puede considerarse solo una cuestión contra Cartes.
En el mismo sentido, uno de los proyectista Derlis Osorio, le recordó también al cartista que su proyecto fue presentado hace dos años, cuando aún no había ninguna disputa electoral.
La senadora Esperanza Martínez (FG), dijo que por más que no le guste a los cartistas. hay un caso relacionado al expresidente, que define perfectamente -con datos objetivos- lo que quieren combatir.
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Citó el caso de la Cementera Concepción (Cecom) del grupo empresaria de Cartes, que surge en base a presunta información privilegiada a la que accedió siendo presidente de la República.
Datos oficiales confirman que inversores extranjeros italianos de la empresa Colacem presentaron al gobierno de HC su intención de crear una cementera en Concepción, donde ahora se asienta la procesadora del exmandatario. Entre la documentación que aportaron los inversores, existían “estudios de mercado, de factibilidad, geológicos”, entre otros, que fueron pagados por los empresarios extranjeros, pero aprovechados por Cartes.
En paralelo, aún durante su gobierno, se otorgaron US$ 80 millones de bonos soberanos para que el entonces director de Cartes de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez invirtiera y tratase de sacar a flote a la cementera estatal, lo que obviamente no hizo.
Pese a la millonaria inversión, Méndez dejó en lona a INC, y como “premio” fue contratado por Cartes como Gerente de Cecom, cerrando el círculo.
Posible inconstitucionalidad
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) y Sergio Godoy (ANR, HC) argumentaron que posiblemente establecer un impedimento para las contrataciones en el sector privado, podría ser atacado de inconstitucional, alegando lesionar el derecho al trabajo de las personas.
El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) coincidió en que, si bien respaldaba inicialmente el proyecto, justamente la eventual afectación al derecho al trabajo le generaba algún tipo de dudas, por lo que mocionó postergar el estudio de la iniciativa. Godoy se allanó y por mayoría se aprobó la postergación.