“El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema ALA (Anti Lavado de Activos), CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) y CFP (Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), se reunió en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”, informó ayer la Seprelad.
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Según expresó el ministro de dicha secretaría local antilavado de activos, René Fernández, la reunión efectuada fue para “profundizar sobre la naturaleza y alcance de las sanciones” impuestas por Estados Unidos y que afectan indefectiblemente al sistema financiero nacional. Agregó que “por la preponderancia del mercado bancario y financiero de EE.UU., esas sanciones tienen un impacto en cualquier país donde son publicadas”.
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados es presidido por Seprelad y está integrado además por: la Superintendencia de Bancos (SIB); la Superintendencia de Seguros (SIS), ambos que a su vez responden al Banco Central del Paraguay (BCP); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Según Fernández, los representantes de la embajada de EE.UU. no se refirieron a casos puntuales, pero sí ofrecieron recurrir a los “canales oficiales de comunicación con OFAC” para tratar de dilucidar cualquier duda que puedan tener personas o empresas no estadounidenses que operen con Cartes o Velázquez, a fin de evitar exponerse también a sanciones posteriores.
“Los representantes de la embajada no hablaron de casos en concreto, pero sí exhortaron a que cualquiera de las empresas paraguayas que tiene relaciones comerciales con el grupo económico, tengan mucha prudencia y hagan una evaluación, y que recurran a un asesoramiento especializado para que las decisiones que tomen (...) no constituyan algún tipo de violación de las sanciones económicas que fueron dictadas”, afirmó el ministro.
Tibieza y no despejan dudas centrales
Sobre todo en torno a Horacio Cartes hay al menos dos dudas centrales que no fueron abordadas. Por una parte, si el Partido Colorado tendrá o no problemas para acceder a créditos teniendo a aquel como presidente, y si es legal la manera en que se está desprendiendo de sus acciones en las empresas donde tiene participación.
“Sobre ese punto en particular (préstamos para la ANR) no se conversó, pero sí te puedo recordar que tenemos vigente una ley (Nº 6446/19) que es la que Crea el Registro de Personas Jurídicas y Beneficiarios Finales en donde está establecido legalmente a quién se considera beneficiario final”, dijo Fernández, sin emitir opinión sobre el caso de la ANR.
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Dejó más bien a cargo de las entidades financieras hacer la “ponderación” de los riesgos de prestar dinero a una institución liderada por un sujeto sancionado por Estados Unidos, eso independientemente a la evaluación de riesgo propia del crédito. Al ser insistido sobre si Cartes es o no beneficiario final, evitó emitir respuesta clara y pidió evaluar la Ley 6446.
“Cada entidad tiene sus particularidades, como las organizaciones sin fines de lucro y otras entidades, entonces quería ser un poquito más preciso para responder esa pregunta pero te puedo confirmar que todas las situaciones están descriptas en la Ley”, manifestó el ministro de la Seprelad.
Licencia especiales
Respecto a las implicancias del 27 de marzo, fecha límite dada por Estados Unidos para que empresas corten vínculos legales con los sancionados, René Fernández dijo que implicará principalmente en que cualquier trámite como desinversión o ajuste que se realice de manera posterior, deberá ser aprobado de manera particular por OFAC, que otorgará licencias o permisos especiales.
También dijo que desde EE.UU. fueron enfáticos en que todas las operaciones son fiscalizadas por OFAC, que puede ampliar las sanciones.