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Luego de más de un año, finalmente se pudo se realizar la audiencia en la que el juez penal de Garantías N° 12 de la Capital, Julián López, elevó a juicio oral y público la causa por supuesta estafa contra Roque Dagogliano, uno de los socios del clan Ferreira.
Cuatro años del inicio
La causa contra Dagogliano inició en 2019, cuando fue denunciado por la firma Scavone Hermanos SA (Laboratorios Catedral), en la que se desempeñaba como gerente, luego de que se detectara una serie de irregularidades.
La firma denunció el supuesto daño patrimonial por más de G. 18.227 millones luego de que Dagogliano realizara acciones en detrimento de la empresa y para favorecer a Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, en las cuales es accionista y socio comercial de Justo Ferreira y Carlos Borrel, ambos con sendos procesos judiciales pendientes.
Conforme la acusación fiscal, los hechos se produjeron entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, pero siguieron causando efectos incluso hasta agosto de 2019. Según el relato presentado por el representante del Ministerio Público, mientras se desempeñaba como Gerente Comercial de Laboratorios Catedral, Dagogliano omitió presentar ofertas en un total de 34 licitaciones de entidades públicas.
En lugar de presentar la oferta por la empresa en la que cumplía funciones y que fabricaba el producto, Dagogliano, autorizó, ejerciendo la representación de Catedral, a la empresa Insumos Médicos SA, en la cual él tenía participación societaria indirecta, a participar de los procesos licitatorios con medicamentos producidos por la empresa donde trabajaba.
Esto, según la acusación fiscal, fue para que posteriormente sean éstas las empresas adjudicadas con los contratos respectivos.
Asimismo –siempre según el relato de la Fiscalía– Dagogliano autorizó la venta directa de productos de Catedral, por debajo de los precios de venta fijados por la firma a Imedic, lo que permitió que esta última fuera adjudicada.
El mismo esquema se repitió con Eurotec SA y Bilac SA, ambas firmas relacionadas con el clan Ferreira.
Dagogliano está vinculado a la firma Bilac SA que figura a su vez como accionista y miembro de directorio de la primera.
Asimismo, tiene vínculo con Eurotec SA a través de la firma Glasgow SA, de la que Dagogliano es accionista y miembro del directorio, así como también a través de la misma firma Glasgow SA tiene vínculos con Imedic SA, puesto que aquella es accionista de esta última.
Triangulación
Por citar una de las operaciones, entre octubre de 2017 y diciembre de 2018, la firma Scavone Hermanos SA vendió a la firma Bilac SA un total de 45.185 unidades del producto “Fluicort Suspensión Nasal” en la presentación de 15 mililitros.
El producto fue vendido a Bilac SA por G. 15.873 la unidad.
Estas ventas fueron realizadas para que otra firma ligada a Dagogliano, llamada Avance Pharma SA, se presente a una licitación en el Instituto de Previsión Social (IPS).
En ese procedimiento presentó una oferta y fue adjudicada, entregando el producto a un precio de G. 39.294 por unidad, más del doble del precio original.
Con esto, la firma del clan Ferreira se adjudicó una ganancia de más de G. 1.700 millones en un solo procedimiento. El esquema se repitió así una y otra vez.
Otro acusado más
Dagogliano no es el único socio del clan Ferreira que afronta cargos por una situación así.
En diciembre de 2020, el fiscal Itálico Adriano Rienzi presentó acusación y solicitó elevar a juicio oral una causa por lesión de confianza contra Carlos Alberto Borrel, exgerente comercial de Laboratorios Éticos. El esquema y los hechos fueron repetidos en otra empresa.
Largo historial de chicanas
Según consta en el expediente judicial, el caso de Dagogliano fue objeto de numerosas chicanas entre las que se incluyeron recusaciones a fiscales, jueces, camaristas y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia.
También presentó varios incidentes dilatorios, incluso en la audiencia preliminar, todos finalmente rechazados.
En 2020, por ejemplo, la defensa de Dagogliano, ejercida por el abogado Ricardo Preda y su estudio jurídico, consiguió apartar al fiscal que llevaba la causa cuando faltaban apenas cuatro días para que venciera el plazo para la presentación de la acusación.
El caso cayó entonces en manos del cuestionado fiscal Óscar López Laterza, quien en pocas horas leyó un expediente de casi 500 páginas y presentó requerimiento de sobreseimiento provisional.
Lo llamativo del caso es que López Laterza presentó el requerimiento desde su celular y cuando aún tenía tres días de plazo.
La causa quedó paralizada hasta 2021, cuando finalmente se ordenó su reapertura.
El fiscal Eugenio Ocampos había presentado la acusación contra Dagogliano ya en marzo de 2022. Sin embargo, desde entonces se fijó la audiencia preliminar en cinco oportunidades, sin que la misma se pudiera realizar debido a los planteamientos de Dagogliano y Preda.
Más de un año tuvo que pasar para que se realizara la audiencia. A lo largo del proceso, Dagogliano usó como estrategia agregar y sacar a varios abogados a su defensa, siempre manteniendo al estudio jurídico de Preda, generando así varias situaciones incidentales que cortaron el proceso.
Ahora queda saber cuál será el tribunal que entenderá en la causa.