La profesora Liduvina Fretes, de la Auditoría Ciudadana M.R.A., brindó detalles de la organización civil y de sus denuncias contra la citada municipalidad del departamento Central, en el programa “Entre Gallos y Medianoche”, de ABC Cardinal.
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“Más del 70% del presupuesto se destina a cubrir gastos corrientes. Salarios, honorarios, el funcionamiento de esa maquinaria obsoleta, inoperante, corrupta, deficiente y puedo seguir... ¿y el resto? en teoría queda 30% para inversión en obras”, indicó la activista.
“No puede ser que tengamos que vivir en esta ciudad devastada, que no podamos salir de nuestras casas por la inseguridad, sin transporte, con las madres con el Jesús en la boca porque sus hijos no llegan a sus casas porque no hay transporte público en sus barrios”, lamentó.
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La activista señaló que, por lo señalado, la intención es participar en espacios de representación ciudadana y que en cada municipio se forme una agrupación para reclamar sus derechos, con colaboración de varios organismos como CIRD y Usaid.
Indicó que la Auditoría Ciudadana MRA está integrada por vecinos dedicados a la actividad privada y quienes viendo el estado actual de la ciudad, conformaron esa asociación. “Esto ya no puede ser el estado de la estructura no solamente vial, sino también al déficit de seguridad”, lamentó.
US$ 9 millones, sin obras
Agregó que también llama la atención a los miembros del citado grupo de ciudadanos el uso de los recursos y que no se ve reflejado en la situación de Mariano Roque Alonso. “Para que la gente tenga idea, son casi 9 millones de dólares en presupuesto municipal y en Mariano no se ve, no se refleja en absolutamente nada”, señaló.
Indicó que no solo las calles interiores del municipio están en pésimo estado sino también la propia ruta Transchaco que atraviesa la ciudad, que aunque está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, lamentan que la intendencia no haga alianzas ni presione para su reparación, ya que está llena de baches.
Fretes recalcó que Mariano Roque Alonso es “la principal ciudad dormitorio de Central” y sede de industrias, comercios, donde están las dos principales fábricas de PVC, las mayores cinco procesadoras de alimentos del país, que aloja la sede de la ARP y posea el puerto privado más grande del territorio, además de una de las cinco mayores fábricas de autopartes en el mundo. Subrayó que todas estas industrias generan impuestos y patentes que deben ser invertidos en la comunidad.
Recordó que como agrupación empezaron a hacer denuncias desde el 2021 sobre los baches, aguas servidas, vacas sueltas en las calles e incluso usurpación de espacios públicos, buscando la reacción de la intendenta y los 12 concejales municipales, sin éxito hasta ahora.
Los “bachetours” y una diferencia de G. 4.000 millones
Lamentó que la ciudadanía se prenda “muy lentamente” a las manifestaciones que organizan, entre ellas los denominados “bachetours”. Agregó que a esto se suma que la intendenta Aranda no da la cara ante la población y se niega a hablar con numerosos periodistas y medios de prensa.
Agregó que también denuncian una diferencia de G. 4.000 millones entre lo que la intendenta presenta en la página web de rendiciones y el balance aprobado por la Junta Municipal.
Indicó que todas estas denuncias ya fueron presentadas a la Contraloría General de la República y a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, pero que no hay respuestas. Indicó que la Contraloría inició una auditoría hace casi un año mientras que la titular de la Unidad Fiscal, Soledad Machuca, les hace caso omiso, por lo que buscarán contactar con el jefe del Ministerio Público, Emiliano Rolón.