El Paraíso Verde convertido en “infierno” para inversionistas

En la página web de Paraíso Verde se puede leer que el objetivo de su creación fue conformar “el mayor asentamiento comunitario del mundo”. Lo que hacen constar en la web no es un detalle menor, ya que todos los inversionistas que hoy están denunciando el caso llegaron a unirse al proyecto mediante esa publicación.

Paraíso Verde es administrado por la empresa Reljuv SAECA, que tiene a Juan Joaquín Buker como presidente y a Erwin Annau y Sylvia Annau como directivos principales.

Desde el 2016 esa compañía comenzó su plan habitacional, que desde un principio estuvo dirigido para el público extranjero, principalmente, el europeo. El futuro condominio se estableció en una zona de humedales, en el distrito de Maciel, departamento de Caazapá.

Su desarrollo ocurrió en plena pandemia de covid-19, ya que el lugar se declaró abiertamente “comunidad antivacuna”. Entonces, muchos extranjeros que no estaban de acuerdo con las inoculaciones contra dicho virus buscaron ese lugar para asentarse.

Los desacuerdos en la compra venta en Paraíso Verde

Las denuncias que obran en el Ministerio Público relatan casi la misma historia. Llegaron hasta Paraíso Verde mediante lo que leyeron en internet y la primera comunicación fue con Buker.

Luego los arreglos para la compra y venta se producían a través de llamadas vía streaming (skype, principalmente), en donde también intervenía Erwin Annau, según los documentos.

Básicamente, las opciones eran dos: comprar el terreno y luego habitar en el lugar, o comprar el inmueble, con la condición de que posteriormente la propia empresa Reljuv SAECA le compraría de vuelta el terreno, con un adicional del 13% sobre el valor, en un periodo de dos años. Ninguna de las dos cosas ocurrió, según los denunciantes.

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Dentro de todo el proceso existió un requisito que los inversionistas en compra de terrenos tenían que cumplir obligatoriamente. Esto era acudir a la “semana de información”, que consistía en visitar personalmente el condominio.

En esa semana de información, los futuros compradores llegaban al lugar y se encontraban con que efectivos de la Policía Nacional y de la Interpol les facilitaban los documentos para acceder a las cédulas de identidad paraguaya. Todo se hacía en menos de una semana, pero a la documentación se accedía meses después, según las denuncias.

Los millonarios pagos en Paraíso Verde

Solamente dos abogados tienen a su cargo ocho denuncias en las que reclaman unos G. 16.730 millones. El abogado Guillermo Ferreiro lleva el caso de una mujer que ya pagó unos G. 8.616 millones.

La compradora envió el dinero en enero de 2022, pero hasta ahora no recibió ni el terreno ni su dinero.

Alberto Fernández es el otro abogado que tiene siete denuncias a su cargo. En sus casos son reclamados G. 8.114 millones en total. En todos la cuestión es prácticamente la misma. No recibieron sus viviendas ni la devolución del dinero.

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Trabajadores en la calle

En abril de 2023, decenas de trabajadores de la empresa se manifestaron frente al establecimiento Paraíso Verde por la falta de pagos.

En esos tiempos ya se hablaba de una supuesta quiebra de la firma. Hasta ahora hay trabajadores que siguen reclamando sus haberes.

Desde Reljuv confirmaron a ABC Color que hubo 300 rescisiones de contrato y 100 suspensiones en los últimos meses, además de decenas de acuerdos de salida de trabajadores. En plena época de pandemia la empresa había contratado unos 500 trabajadores de la zona.

La firma fue citada como ejemplo de “generación de empleo” por parte del cartismo. Incluso, el propio Horacio Cartes había mencionado eso en su visita al lugar, en septiembre de 2021.

Los empleados actuales de Reljuv firmaron, en agosto último, un comunicado de apoyo a la gestión de Buker y la presencia de la empresa en la región.

Imputación por una de las denuncias

La fiscala Gladys Jiménez ya imputó a Juan Joaquín Buker, directivo de Reljuv SAECA, por supuesta comisión de estafa. Esto obedece a una de las tantas denuncias que van apareciendo en el Ministerio Público contra esta empresa por el caso “Paraíso Verde”.

Sin embargo, el abogado Ariel Riveros, en representación de Rejvul SA, impugnó a la fiscala Jiménez. Desde el Ministerio Público rechazaron la medida de Riveros y el caso está ahora pendiente de que el Tribunal de Apelación de Villarrica resuelva si Jiménez continúa en la investigación.

Muy vinculados a políticos colorados

Juan Joaquín Buker es un político de nacionalidad argentina que se estableció en Caazapá hace décadas. En los últimos años se ha mostrado muy cercano al Partido Colorado. En efecto, se candidató para ser presidente de la Seccional Colorada N° 120 en el 2022, pero perdió.

En octubre de 2022, durante la visita a Caazapá de la entonces dupla presidencial candidatada por la ANR Santiago Peña y Pedro Alliana y del presidente de ese partido, Horacio Cartes, Buker fue uno de los anfitriones. También participaron del acto Erwin Annau y Sylvia Annau, directivos de Reljuv.

Buker aparece muy vinculado al actual diputado por Caazapá, el cartista Avelino Dávalos, con quien hizo su campaña política. En octubre de 2020, la Junta Municipal de Caazapá declaró “persona no grata” a Buker, en medio de la interna colorada. En ese mismo mes, la Cámara de Diputados expresó oficialmente su “acompañamiento y apoyo moral” a Buker a pedido de Dávalos y los diputados Walter Harms y Roque Sarubbi.

Abogado denunciante habla de un esquema montado

Según el abogado Alberto Fernández, que representa a siete familias denunciantes de estafa y asociación criminal en el caso Reljuv SAECA, todo lo que han encontrado hasta ahora apunta a que todo este plan habitacional no es otra cosa que un sistema que buscaría estafar.

El abogado Fernández dijo que una de las sospechas obedece a que la empresa hace firmar más de un contrato a los inversionistas por sus terrenos.

Según el relato del abogado, el primer contrato es el de compra-venta. Según Fernández, es un documento normal, con firmas refrendadas y con las traducciones correspondientes.

Pero Fernández habla de otro contrato que la empresa Reljuv SAECA hace firmar a los extranjeros que está solamente en idioma alemán o inglés –y que no está traducido al español, como los otros contratos que firman– en donde se establece una venta obligatoria de vuelta a Reljuv de este terreno.

“En este contrato, que solamente está en un idioma extranjero, Reljuv se compromete a comprar de vuelta, en dos años, el mismo terreno que vendió, con un 13% de interés”.

Según Fernández, esta figura de especie de “retroventa” no está estipulada en el código civil paraguayo.

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Dijo que si Reljuv quería comprar de vuelta el terreno, tenía que hacer figurar su intención en el primer el contrato de compra-venta del terreno, y establecer su preferencia a la hora de la compra de ese inmueble.

Sin embargo, en el contrato de compra-venta no figura esta intención de compra de Reljuv.

Sin devolución por parte de Reljuv

Fernández dice que algunos de sus clientes ya están hace dos años con este problema y no han recibido ni el lugar para vivir ni la empresa ha comprado de vuelta el terreno, como supuestamente se comprometió.

Según Fernández, tiene casos en donde las viviendas entregadas por Reljuv directamente son inhabitables, porque se llenan de agua con apenas una lluvia o carecen de elementos básicos para que sean un hogar, pese a los millonarios costos que tuvieron.

Niegan las denuncias y hablan de compradores con otros intereses

El abogado defensor de Reljuv SAECA, Ariel Riveros, por su parte, negó las denuncias en contra de la empresa. Afirmó que los extranjeros con inconvenientes son aquellos que por el camino decidieron salir del barrio cerrado y ahora quieren vender sus propiedades a un precio demasiado alto.

“La denuncia que radican, de 500 pobladores que tenemos, apenas son ocho. Y esa denuncia ellos hacen porque de repente en el transcurso del camino no les gusta el terreno, entonces ellos lo que quieren es que la empresa les recompre esa propiedad. Y ellos le ponen un valor demasiado alto” (sic), señaló.

Reconoció que ellos (los extranjeros) firman un contrato de comprador privilegiado con la empresa. Sin embargo, dijo que debido a los altos precios, la compañía no está interesada. “Una vez que ponen en venta Reljuv tiene ese derecho, ese privilegio, pero en esas condiciones se rechaza y ellos pueden vender a quien quieran”, indicó.

El profesional señaló que ante este inconveniente, los denunciantes recurrieron a abogados que plantean los reclamos por el lado de la estafa en el ámbito penal y así imponer –según afirmó– la compra a la empresa Reljuv o al menos recuperar lo invertido.

Señaló que por ese motivo recientemente recusaron a la fiscal Gladys Jiménez, porque a su parecer no fue objetiva en su investigación. “Ninguno de los fiscales pidieron constitución. Ninguno entraron a ver si existe la propiedad” (sic).

El abogado señaló que el barrio cerrado estaba dirigido exclusivamente a extranjeros. Ahora ya está abierto para todos, agregó.

Dijo que detrás de las denuncias están gente a la que no le gusta el proyecto o bien se dedica a la venta de propiedades. “Porque los europeos pagan bien y cosas así”, acotó.

“En realidad este proyecto, es cierto, es bastante alto el precio de los terrenos, pero ellos pagan porque vienen a vivir entre europeos. Es como una miniciudad, una mini Alemania” (sic).