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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 712, con fecha 16 de noviembre de 2023, por el cual veta totalmente la Ley N° 7207 “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo-Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble individualizado como parte de la finca N° 19874, ubicado en el km 4 Acaray, barrio Pablo Rojas, del distrito de Ciudad del Este (CDE), para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento San Miguel”.
El referido proyecto fue sancionado por el Congreso Nacional el 25 de octubre pasado.
El Ejecutivo argumenta su veto en un dictamen del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Señala que el proyecto no tiene “justificación debida en el orden social, jurídico, financiero y presupuestario, constituiría una contravención” a la Constitución.
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El pasado 25 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados, al no tener ya posibilidad de rechazo, optó por la abstención unánime como forma de pedir el veto del Ejecutivo para un proyecto de expropiación en CDE, que es considerado un claro intento de negociado.
En el debate legislativo, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) advirtió que el proyecto de expropiación de unas 2,4 hectáreas de una propiedad era muy parecido al reciente caso sonado de los “ocupantes vip” en Villa Hayes.
Según detalló Ortega, el planteamiento, presentado en el periodo anterior por la entonces diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, HC), adolecía de graves irregularidades.
Entre las graves deficiencias detectadas se menciona que el predio se encuentra bajo litigio judicial para determinar la titularidad.
También, por su ubicación, tendría un elevadísimo costo, lo que de quedar promulgada la ley obligaría al MUVH a pagar cerca de US$ 24 millones por la parte solicitada, pero quedaría un remanente que al ser inutilizable por no tener vías de acceso obligaría a expropiarse completamente, rondando los US$ 50 millones a ser desembolsados por el Estado.
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Clan en cargos
A pocos días de la asunción del presidente Peña el 15 de agosto pasado, Vargas de Caballero fue nombrada en Itaipú Binacional bajo la modalidad de “cargo de confianza” y se menciona el área social.
Durante los períodos 2013-2018 y 2018-2023 Vargas fue diputada por Alto Paraná. Durante su tiempo en el cargo mantuvo una estrecha relación con la familia Zacarías y se la conoció por ser férrea defensora de Horacio Cartes.
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En tanto, el esposo de la exdiputada, Digno Caballero Ruiz, fue nombrado como director de Bioseguridad Agrícola en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
Caballero Ruiz ejerció como intendente durante los periodos 2010-2015 y 2015-2021 y acumuló varias denuncias por hechos de supuesta corrupción, sin avances en la Fiscalía.