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Por el momento no hay presupuesto para la compra de 6 aviones Super Tucano por US$ 121 millones, sin embargo, el Gobierno Nacional tiene la intención de adquirir estas aeronaves, como también prevé la adquisición de radares que costarán otros US$ 100 millones.
El Ministro de Defensa Nacional, Óscar González, defendió a capa y espada las inversiones que se pretenden hacer, sin embargo, el monto que prevén desembolsar aparece como exagerado.
El Gobierno uruguayo negoció hasta el 13 de abril de 2023 la adquisición de aeronaves Super Tucano seminuevas. Las negociaciones por parte de Uruguay estuvieron a cargo de su ministro de Defensa, Javier García, mientras Brasil fue representada por su ministro de Defensa, José Múcio Monteiro.
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La propuesta abarcaba la venta de 12 aviones Super Tucano por US$ 40 millones. La venta finalmente no se concretó, pero la propuesta de venta formal si existió. Cada Super Tucano para Uruguay tendría un costo de US$ 3,3 millones.
“Cada ofrecimiento tiene sus peculiaridades y su diferencia de otros. Algunos hacían referencia a aeronaves con 15 años de uso. Esta oferta de la Embraer es muy seria garantizando que todo lo que podamos anunciar son frutos de negociaciones serias”, señaló el ministro Óscar González.
Insistió en que con las inversiones Paraguay dispondrá de 12 aeronaves de combate, porque los US$ 121 millones abarca la revitalización de 6 AT-27 Tucano, adquiridas en 1987, hangares, mantenimiento por 4 años, entrenamiento de 8 pilotos y armamentos.
“Nosotros no firmamos absolutamente nada con Embraer. Apenas es un ofrecimiento”, agregó González.
Colombia, por su parte, también compró de Brasil las aeronaves Super Tucano por US$ 9,3 millones cada una. La diferencia con Paraguay tiene que ver con las asistencias complementarias. Sin considerar estas, el costo unitario de las aeronaves sería de US$ 20,16 millones.
Salud, Educación y Seguridad
El senador liberal Eduardo Nakayama es el más crítico con este proyecto y dijo que hay otras cuestiones que son prioritarias en estos momentos, como la deuda del Gobierno Nacional en materia de Salud, Educación y Seguridad.
También pidió mayor claridad en los precios que se prevén pagar, ya que a Uruguay se le ofrecieron estas aeronaves por un precio mucho menor y Colombia pagó la mitad de lo que tienen previsto para Paraguay.
“Nosotros necesitamos radares en tierra que puedan detectar el Chaco paraguayo, que hoy en día es un carnaval de narcoaviones que se pasean por nuestros cielos y nosotros ni siquiera sabemos qué pasa. Sabemos que existen miles de pistas clandestinas en Boquerón, Alto Paraguay, Presidente Hayes, pero hacemos todo al revés”, lamentó el senador.
Dijo que “en el Gobierno hay personas vinculadas con el narcotráfico, incluso están en el primer anillo, que para agarrarlas no se necesitan Super Tucanos”.
Lea más: Colombia abonó la mitad de lo que prevé pagar Paraguay por aeronaves
Ley solo habla de sistema de radares
La Ley 7151/2023, promulgada el 22 de setiembre de 2023, establece los mecanismos para la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares, un centro de vigilancia integrada de información y sistemas de comunicaciones con capacidad y alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional.
En el Art. 3 de la citada legislación dice que la autoridad de aplicación de la presente ley es la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), quien coordinará un sistema de vigilancia integrada con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Los recursos financieros requeridos para la “adquisición, instalación y mantenimiento de los radares” serán incluidos por el Ministerio de Hacienda en el Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional-FAP, añade el artículo 4.
Por último, aclara que los presupuestos asignados deberán permitir lograr la cobertura y resguardo de todo el territorio nacional en un plazo no mayor a dos años.
En lo que respecta al derribo de aviones, está prohibido en Paraguay. Estados Unidos advirtió a la Cámara Alta que cesaría la cooperación en materia aeronáutica en caso de aprobación del derribo de aviones.
El rechazo del país norteamericano se fundamenta en los riesgos de que personas civiles –no involucradas en algún delito– puedan recibir daños en su integridad física o sufran consecuencias graves.
Paraguay, sin lugar a dudas, tiene serios problemas en lo que respecta a la vigilancia y protección del espacio aéreo; situación que es aprovechada por grupos criminales para utilizar a nuestro país como ruta, tránsito y centro de acopio de cocaína para ser enviado a países europeos.
Por citar algunos, Venezuela, Brasil, Chile, Honduras, Colombia, Perú, Honduras y ahora Argentina y Uruguay son los países latinoamericanos que tienen normas que habilitan el derribo de aviones si violan sus espacios aéreos.
De acuerdo con datos que se suministraron en el Congreso Nacional el año pasado, Paraguay solamente tiene controlado el 2% de su espacio aéreo.