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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) habló de su proyecto de ley que plantea acortar los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, propuesta cuyo tratamiento –inicialmente previsto para la sesión de hoy de la Cámara Baja- pidió postergar por un plazo de 30 días.
Esa postergación, comentó, servirá para celebrar una audiencia pública con representantes de distintas comisiones del Congreso, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia para debatir el proyecto, “ya que genera cierta controversia”, y “tratar de sacar una ley que pueda ser útil para todos”.
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La propuesta de ley del diputado cartista plantea modificar artículos del Código Procesal Penal para establecer una duración límite de dos años -sin posibilidad de extensión- para las medidas de prisión preventiva, obligando a que cumplido ese plazo el imputado sea beneficiado con medidas alternativas como la prisión domiciliaria; además, propone establecer plazos para que los jueces, tribunales y la Corte Suprema resuelvan recursos.
“Queremos darle a la gente el derecho a que su defensa sea inviolable”, argumentó el diputado Rodríguez y señaló que, si bien la persecución penal es un deber del Estado, la situación actual es que “estamos expuestos a que nos miren con una lupa durante cinco años y después recién nos puedan imputar, y que nos estén investigando sin que nosotros sepamos”, lo que “viola mi derecho a la defensa”.
“No podemos perseguir la ilegalidad con ilegalidad”, subrayó.
“Formalizar la Justicia”
Afirmó que es necesario “formalizar la Justicia” y “empezar a exigir que los jueces y fiscales cumplan los plazos” y no exponer a los imputados a “procesos eternos”.
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Agregó que los plazos procesales están establecidos, pero no se cumplen, y argumentó que su proyecto de ley, al exigir que los órganos judiciales resuelvan dentro de los plazos establecidos los recursos planteados, se “cercena” la posibilidad de que los procesos se alarguen hasta llegar a la prescripción.
Insistió también sobre el límite de dos años para la prisión preventiva, argumentando que con el sistema actual “llenamos las cárceles” e “incitamos a criminalizarse a mucha gente”, en contra del espíritu de rehabilitación que debería tener el sistema penitenciario.