La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), pidió el aplazamiento hasta marzo del 2026, a la vuelta del reinicio de las actividades legislativas para analizar el proyecto de ley con los mismos pasos de discusión que tuvo el proyecto original que incluía a los defensores de Derechos Humanos.
Argumentó que no tuvieron el tiempo suficiente para debatir y compatibilizar con el proyecto de ley que viene siendo trabajado hace más de dos años. Martínez también lamentó que no hayan tenido participación, ni hayan podido realizar aportes al proyecto de ley presentado hace apenas una semana por cartistas.
La normativa cartista busca crear un sistema de respuesta ante amenazas, agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, el SPP cuestionó que el proyecto carece de mecanismos de protección efectivos, elimina espacios de representación de los propios trabajadores y concentra la decisión de otorgar medidas de seguridad en el Ministerio del Interior.
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El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, consultado mencionó que la postergación fue una solicitud directa del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que advirtió que el texto presentado por el bloque oficialista no fue socializado adecuadamente y contiene vacíos que podrían dejar desprotegidos a los propios beneficiarios.
El gremio de periodistas había insistido en que una ley de protección debe incluir protocolos claros, mecanismos interinstitucionales y órganos colegiados para evaluar el riesgo y activar medidas urgentes, elementos que —según señalaron— no aparecen en la versión cartista.
Chase consultado sobre la posibilidad de una socialización más amplia del texto, respondió que están abiertos a realizar audiencias públicas, mesas de trabajo y reuniones técnicas, si así lo solicitan las organizaciones de prensa: “Todo puede hacerse, depende de lo que insistan los afectados”, había dicho.
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El legislador confirmó que la bancada cartista decidió acompañar el nuevo texto presentado por Honor Colorado, que excluye a organizaciones de derechos humanos del alcance central del proyecto.
“La decisión es acompañar este texto, excluyendo a los activistas de derechos humanos y tratándolo por separado. Vamos a ver qué dice el sindicato de periodistas y ahí vamos a avanzar”.
Una de las principales críticas de periodistas y expertos es que el proyecto elimina el mecanismo de protección colegiado, integrado por representantes de los periodistas, del Estado y de organismos vinculados a derechos humanos.
Cuestionan concentración en el Ministerio del Interior
En su lugar, la decisión de otorgar seguridad queda concentrada en el Ministerio del Interior. Ante la posibilidad de que se podría dejar las medidas de protección dependiendo del “humor” o voluntad del ministro de turno, lo que consideran un riesgo democrático. Chase rechazó esa interpretación.
“La seguridad está establecida en las leyes vigentes y se crea un mecanismo de atención prioritaria cuando existan denuncias. Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato, y juntos haremos las modificaciones necesarias”, señaló.