En tiempo récord, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), bajo la gestión de Jorge Kronawetter, concretó la adjudicación de un contrato de US$ 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC para la implementación de un sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR).
A través del Decreto N° 4991/2025, firmado por el presidente Santiago Peña, la entidad contrató por vía de la excepción, invocando razones de “seguridad nacional” y una supuesta complejidad técnica para eludir los procedimientos de licitación pública que garantizan la libre competencia.
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Sin embargo, el análisis del expediente revela que la justificación utilizada colisiona directamente con los principios de la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.
El artículo 40 de dicha ley dice que se podrá realizar llamados vía excepción “para garantizar la seguridad del Estado” y siempre que “se encuentre debidamente justificada la imposibilidad de llevar adelante una contratación competitiva”.
Además, su Decreto Reglamentario N° 9823/23 señala en el artículo 32 que la seguridad del Estado solo podrá invocarse cuando la utilización de los procedimientos convencionales y especiales establecidos en la ley “puedan causar algún daño”.
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Nefasto precedente
En los últimos meses, el Gobierno llevó a cabo varias licitaciones por vías competitivas en asuntos que implican también la gestión de datos sensibles y ligados a la seguridad del Estado, como compra de servidores, sistemas informáticos críticos hasta licencias de Red 5G.
En contraposición, la DNM con otros actores del Ejecutivo, tras una vaga justificación, hicieron el llamado calificado de “seguridad nacional” basándose principalmente en una necesidad estructural de mejorar el sistema aeroportuario y el “carácter reservado de los datos”, sin que exista una emergencia o criterios claros que la justifiquen.
Además, los sistemas API-PRN y de control fronterizo lo ofrecen múltiples empresas en el mercado y por ello, países como Brasil, España o Estados Unidos hacen concursos competitivos, por ser una tecnología civil y conocida. Pese a eso, el Gobierno contrató, por vía directa, a una firma investigada en África por recibir contratos a través de mecanismos similares.
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Filizzola cuestionó el “direccionamiento”
Ayer, el senador Rafael Filizzola publicó en sus redes sociales acusando al gobierno de Santiago Peña de concretar irregularmente la licitación, calificándola de “fatazo”.
“Para colmo la empresa adjudicada a dedo por Migraciones/Peña, al precio que aquella misma puso (20 millones U$) tiene un prontuario (Honduras, Gambia, Mali, Benín, Congo, Sierra Leona, Senegal...). Compra directa, secreta y multimillonaria, FATAZO!” (sic), escribió en su cuenta de X.
En la misma red social, cuestionó que la Ley 7021, de Contrataciones, fue utilizada para “direccionar la contratación”.
En su publicación, Filizzola cuestionó el carácter “genérico” del Decreto presidencial que habilitó el llamado, además de señalar que no se aclaró el fundamento de reserva.
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En tal sentido, dijo que “una contratación de medidas de seguridad habituales no solo en aeropuertos, sino incluso en otros recintos públicos y privados no requiere reserva, ya que cuándo se implementen serán de público conocimiento”. El legislador sostuvo que debía realizarse un proceso competitivo y transparente.