Contrataciones por excepción

La Ley 7021/22, de Suministro y Contrataciones Públicas, que reemplazó a la antigua Ley 2051 del año 2003, fue en su momento considerada un gran paso en el marco de la reforma del Estado. Largamente recomendada por organismos internacionales, supuestamente le iba a ahorrar al fisco un 2% del PIB al año. A valores actuales, ello representa unos 1.200 millones de dólares anuales, que, en otras palabras, era el costo estimado de la corrupción en las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público. Pero, más allá de las lindas palabras, en la práctica la ley ha sido sistemáticamente perforada, como lo expone nuestra investigación sobre el uso abusivo de la “urgencia impostergable” para evadir la razón de ser de la normativa. Permanentemente saltan casos de olímpica elusión de las normas, sea mediante la utilización de entes supranacionales, o amparándose con dudosa constitucionalidad en el carácter binacional de las hidroeléctricas, con la anuencia de la Dirección de Contrataciones, que se declara sumisamente incompetente, o directamente saltándose e ignorando los dictámenes institucionales sin ninguna consecuencia, como ha ocurrido a menudo, por ejemplo, en el IPS.