El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la magistrada Karina Jazmín Cáceres, fijó para el próximo 24 de febrero a las 08:00 el inicio del juicio oral a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros seis acusados, por lesión de confianza, declaración falsa y otros hechos punibles.
La intendenta liberal, funcionarios municipales y contratistas están acusados por un supuesto daño patrimonial a la comuna de G. 1.199 millones durante la gestión del 2019.
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La acusación fue presentada en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel y desde entonces se pidió que la causa sea elevada a juicio. Sin embargo, los acusados se turnaron para presentar diferentes chicanas y así dilatar el proceso judicial, tanto que el juez Rodrigo Estigarribia en agosto del año pasado tuvo que ordenar la detención de Mirtha Fernández para que pueda comparecer a su audiencia.
Mirtha Fernández dice ser una “perseguida política”
Respecto a la causa por presunta malversación, la intendenta Fernández dijo que todas las obras denunciadas como “fantasmas” existen y demostrará su inocencia en el juicio pendiente.
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“Estos hechos inexistentes comenzaron en 2020, cuando volví a candidatarme por tercera vez”, aseguró la intendenta liberal. Alegó que las acusaciones tienen tinte político.
Según Fernández, es perseguida por los ediles colorados desde el 2015.
“Soy una persona que sigue viviendo de la misma manera y sin ningún crecimiento patrimonial, estoy en la misma casa. La verdad siempre sale a la luz”, afirmó la jefa comunal.
Por otro lado, en setiembre del año pasado, la fiscala Betti Brítez abrió otra causa e imputó a la intendenta y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
Según la imputación, el perjuicio patrimonial sería de aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. El periodo investigado es el 2021-2022.