Seis jefes comunales fueron salvados de una intervención durante este primer año de gestión de la Cámara de Diputados. De este paquete dos intendentes están acusados por lesión de confianza y esperan el juicio oral, uno es investigado por la fiscalía y dos tienen denuncias ante el Ministerio Público.
El Juzgado de Garantías programó la audiencia preliminar de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), y otros 12 acusados de supuesta asociación criminal y lesión de confianza que ocasionó un daño patrimonial de casi G. 1.200 millones al municipio. La citación es bajo apercibimiento y, además, se ordenó la captura de un procesado y el defensor de la jefa comunal fue llamado para ser sancionado por las constantes chicanas.
Los intendentes Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), de Asunción; Mirtha Fernández (PLRA- dionisista), de Valenzuela; y Víctor Díaz (Alianza), de Mariscal Estigarribia, no recibieron un solo guaraní del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante todo el 2023 debido a que no están en regla con las exigencias legales de esa secretaría de Estado.
De los 263 intendentes, 70 no presentaron sus documentaciones completas para recibir recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en concepto de Fonacide, royalties, juegos de azar y otros recursos menores, según la planilla de noviembre de la institución, sin embargo, solo a cuatro jefes comunales la cartera estatal les dejó de transferir dinero.
El abogado Guido Fernández, hermano de la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA- dionisista), recusó al juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás y de esa manera logró suspender la audiencia preliminar prevista para ayer. En la ocasión se tenía que determinar si la jefa comunal junto con otras nueve personas afrontarán o no juicio oral y público.
Hoy para las 08:30 está fijada la audiencia preliminar para la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA-dionisista), y los otros nueve acusados por presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez José Agustín Delmás debe decidir si eleva la causa penal a juicio oral.