La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros doce acusados por lesión de confianza y asociación criminal deben comparecer mañana ante el juez José Agustín Delmás a las 8:00.
De los 263 intendentes, 70 no presentaron sus documentaciones completas para recibir recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en concepto de Fonacide, royalties, juegos de azar y otros recursos menores, según la planilla de noviembre de la institución, sin embargo, solo a cuatro jefes comunales la cartera estatal les dejó de transferir dinero.
El abogado Guido Fernández, hermano de la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA- dionisista), recusó al juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás y de esa manera logró suspender la audiencia preliminar prevista para ayer. En la ocasión se tenía que determinar si la jefa comunal junto con otras nueve personas afrontarán o no juicio oral y público.
Hoy para las 08:30 está fijada la audiencia preliminar para la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA-dionisista), y los otros nueve acusados por presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez José Agustín Delmás debe decidir si eleva la causa penal a juicio oral.
El “pacto azulgrana” que reinó en la Cámara de Diputados el pasado miércoles para salvar a tres cuestionados intendentes demostró qué pese a que hubo un cambio de hombres en este periodo parlamentario, sigue siendo la “Cámara de la Vergüenza”.
Asumiendo de vuelta el mote de “Cámara de la vergüenza”, una mayoría “azulgrana” en la Cámara de Diputados repartió ayer impunidad y rechazó la intervención a las gestiones de los intendentes Mirtha Fernández (PLRA), de Valenzuela; Hilario Adorno (ANR, HC), de Puerto Casado, y Tomás Olmedo (ANR, FR), de Ñemby. Sobraron indicios, pero primó “pacto de delincuencia”.