El diputado colorado disidente Mauricio Espínola publicó ayer en la red social X una serie de documentos con los cuales denunciaba presuntas irregularidades en la licitación para el servicio de lavandería y provisión de sábanas al Instituto de Previsión Social (IPS) por un monto máximo de G. 160.000 millones, alrededor de US$ 23 millones. Según el legislador, la adjudicación aprobada mediante Resolución Nº 086-018/2025, del 18 de noviembre de 2025, parecería más una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores unitarios extremadamente elevados.
“Ese concepto de ‘evento’ no tiene límites definidos (no se vincula a una cama, paciente, período ni cantidad de sábanas), lo que permite que desde el inicio del contrato se puedan proveer todas las sábanas de todas las camas de los establecimientos cubiertos y facturar, funcionando en los hechos como una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores que superan los G. 300.000 por cada sábana”, señaló.
Indicó que el lavado tampoco es razonable. “El IPS pagará más de G. 40.000 por kilo, cuando en el mercado ese precio corresponde a 10 kilos y no a 1 kilo. El verdadero negocio está en la provisión inicial de sábanas, que permite facturar montos elevados desde el inicio, y luego asegurar ingresos permanentes mediante el lavado diario”, dijo Espínola en un primer posteo.
En otra publicación, el diputado exhibió documentos en los cuales se conocen en detalle las empresas que pugnaron en el llamado y sus participaciones societarias. “Además del monto millonario de la licitación de lavandería del IPS, hay un problema aún más grave: no hubo competencia real”, escribió.
En el caso del lote uno, adjudicado por el monto máximo G. 80.000 millones (alrededor de US$ 11,5 millones), aparece el Consorcio Dylav, integrado por las empresas Dysa Healthcare SA y Lavatt SA. De acuerdo a la documentación, ambas firmas tienen como accionista común a Juan Carlos Pettengill Castillo, hijo del senador funcional al cartismo Luis Pettengill.
Otro accionista común en las compañías es Juan Gabriel Appleyard Pettengill, sobrino del legislador de la Cámara Alta. Por su lado, en Dysa Healthcare SA figura como parte de la sociedad Ocho A SA Constructora, una de las más favorecidas con contratos de obras públicas en los últimos años.
En cuanto a los lotes dos y tres, el adjudicado es el Consorcio Industrias Médicas, conformado por las empresas Ao Potî SA e Industrias Médicas del Paraguay SA. Como representante figuran Diego Marcelo Daud Orué y Luis Felipe Sousa Mujica. El monto de adjudicación es igualmente por un máximo de G. 80.000 millones (US$ 11,5 millones). El plazo para los tres lotes es de 49 meses (4 años y un mes) desde la firma del contrato.
Para el diputado Espínola, con menos de G. 30.000 millones el IPS podría haber equipado su propio centro de lavandería, adquirido maquinaria industrial y sábanas propias, con un sistema operativo por más de 10 años. Lamentó que en la previsional otra vez se prioricen este tipo de contratos antes que más equipos para mejorar la atención de los asegurados.
¿Hasta cuándo se va a jugar con el dinero de los asegurados, que aportaron durante años al IPS, mientras ven cómo los recursos se destinan a contratos desproporcionados, poco claros y alejados de las verdaderas necesidades de la Institución?, cuestionó.
¿Un contrato que por fin se concretó?
El 31 de mayo de 2023, a los pocos días de ser electo Santiago Peña, como presidente, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) había autorizado y aprobado el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación para el servicio de lavandería de ropas hospitalarias por G. 485.885 millones, unos US$ 67 millones a la cotización de ese tiempo.
Este proceso, sin embargo, quedó interrumpido luego de un amparo judicial promovido por el sindicato de profesionales y jubilados.
El juez Penal de Garantías Humberto Otazú atendió el recurso de amparo y consideró que la autorización para la referida licitación no se encuentra plenamente justificada y que incluso los argumentos dados por el memorándum adjuntado puede “aumentar las dudas” acerca del llamado. Los denunciantes, por su parte, consideraron un gasto innecesario.
Por su lado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tras una investigación detectó irregularidades en el proceso, por lo que exigió al IPS modificar el PBC en cuanto a criterios de experiencia, capacidad financiera y técnica, además de otros requerimientos. Entonces, todo apuntaba a que ese contrato era a medida de una de las empresas que, casualmente, ahora ganó la licitación.