A pedido de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR, HC), y su esposo Nelson Rivas, el juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Concepción, primer turno, hizo lugar -parcialmente- a la medida cautelar contra medios de prensa y usuarios de redes sociales. La notificación fue firmada por la jueza interina Angélica María González Samaniego.
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En la resolución se interpreta que la prohibición busca proteger a la adolescente, pero no aclara el alcance y si se trata de un fallo “mordaza” a cualquier difusión o críticas contra la ostentosa fiesta de 15 años que se llevará a cabo mañana de noche en el Club Concepción.
Puntualmente, la jueza González Samaniego dispone, como medida cautelar de protección, “la prohibición de publicaciones y difusión de imágenes, que permitan individualizar a las adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de redes sociales u otros medios de comunicación (Facebook, Instagram, WhatsApp, “X”, Tiktok) y/o cualquier otra red social”.
Se agrega a los “medios radiales, televisivos o escritos”, que atenten la honra, reputación, la intimidad, y dignidad de la adolescente.
“Esto, a los efectos de prevenir la vulneración de su derecho a la intimidad de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, modificado por la Ley N° 6083/18, bajo apercibimiento de ser remitidas las actuaciones al Ministerio Publico para la investigación del hecho punible establecido en el Art. 147 del Código Penal”, señala la notificación recibida por medios locales.
Polémica fiesta
La fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora generó revuelo debido a su ostentosa organización.
La menor tuvo una llamativa producción fotográfica previa en un lujoso hotel en las Cataratas del Iguazú y camiones que traían decorados y escenarios del Brasil fueron retenidos en la frontera por evadir controles impositivos.
Hasta el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) tuvo que salir a instar a los altos funcionarios a no hacer “ostentaciones” para no afectar al gobierno.
Todo esto forzó a la gobernadora a salir a aclarar que la fiesta no costaría G. 2.000 millones sino G. 600 millones, precio que consideró “normal” y cuyos fondos justificó con supuestos préstamos y ahorros.
Según declaraciones juradas, en 2012, cuando ingresó a la función pública como médica, Liz Meza contaba con un patrimonio neto de G. 600 millones. En 2023, al asumir como gobernadora, su patrimonio ascendía a G. 2.982 millones.
La gobernadora dijo estar “viviendo una persecución política” y que su hija no tiene la culpa que ella sea una servidora del pueblo.