El fin de semana se conoció que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez incluyeron entre los imputados -como supuestos cómplices- por presunta lesión de confianza al diputado Walter García (Yo Creo) en una causa vinculada a obras de mejora en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
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Para que se dé trámite a un pedido de desafuero aún falta que un juez admita la imputación y comunique a la Cámara Baja dicha situación procesal.
Una vez ingresado el expediente, este se sumaría a otros cuatro pedidos de desafuero congelados en Cámara de Diputados, empezando por el múltiple “blindado” Esteban Samaniego (ANR, HC) que posee 4 pedidos pendientes; los liberales imputados por casos de “nepobabies” Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez, y el diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añetete), denunciado por Horacio Cartes.
El caso de Samaniego es el más escandaloso por la cantidad de casos acumulados y tiempo transcurrido, puesto que el primer pedido de desafuero data del 8 de octubre de 2019, en una causa por agresión verbal (difamación y calumnia) contra una mujer (Sara Prieto) que simplemente cumplía su rol de control de acceso durante un partido internacional de Olimpia. Dicho pedido había sido rechazado, pero fue reiterado en dos ocasiones, el 19 de junio de 2023 y otra vez, el 18 de agosto del año pasado.
Otra causa de larga data contra Samaniego es del 13 de junio de 2022, donde fue denunciado por “violación de domicilio”, según la denuncia de Gerardo Marcelino Correa, quien dijo haber sido avasallado de forma violenta en su residencia.
Sin embargo, una de las causas más importantes es la imputación por presunta lesión de confianza cuando era intendente de Quyquyhó por G. 338 millones, causa en la cual ya está acusada su esposa y actual intendenta, Patricia Corvalán, que mediante chicanas junto con otros procesados sigue evitando que se fije fecha de juicio oral y público.
Finalmente, también viene zafando de una querella por lesión física presentada por Ysmael Bobadilla Almirón, ingresada el 31 de marzo del año pasado.
En los casos de Roya Torres y Cleto Giménez, fueron imputados junto con sus respectivos “nepobabies” por presunto cobro indebido de honorarios, y se aferraron a sus fueros pese a que incluso sus vástagos ya zafaron del proceso al admitir la culpa y devolviendo lo cobrado irregularmente.
Respecto a Espínola, este incluso consideró pedir su desafuero, hasta que saltaron los chats donde presuntamente el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, ordenaba diligencias al fiscal Aldo Cantero.