En 2025, Núñez se convirtió en el primer titular del Senado en autoasignarse bonificaciones por “responsabilidad en el cargo”, alcanzando cifras sin precedentes. Solo en marzo percibió más de G. 105 millones, gracias a pagos retroactivos que elevaron su salario muy por encima del promedio del sector público.
El dato clave es que ningún otro presidente del Congreso, al menos desde 2017, había cobrado este tipo de sobresueldo. Esto instala un esquema de privilegio inédito dentro de la cúpula legislativa.
Además, en apenas un año acumuló más de G. 295 millones en bonificaciones, un monto que equivale a más de 100 salarios mínimos. La magnitud del ingreso genera cuestionamientos no solo políticos, sino también éticos y legales.
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La controversia se agrava por una contradicción en la normativa vigente. Mientras una parte del decreto reglamentario permite bonificaciones de hasta el 50%, otra establece un tope del 25% para autoridades con altos ingresos. En ese escenario, Núñez habría optado por la interpretación más favorable a sus intereses.
Este esquema fue posible tras modificaciones impulsadas durante el gobierno de Santiago Peña, que flexibilizaron las restricciones para altos cargos y habilitaron el cobro de estos beneficios.
Pero el impacto no fue solo personal. Bajo su administración, el gasto en bonificaciones dentro del Congreso aumentó en G. 17.979 millones en un año, evidenciando un efecto expansivo del modelo.
El antecedente: Miguel Cuevas y el intento de pérdida de confianza
La situación recuerda inevitablemente lo ocurrido en 2019 con el entonces presidente de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete).
En ese momento, un grupo de legisladores de distintos partidos de la oposición impulsó una declaración de pérdida de confianza contra Cuevas por otorgar aumentos salariales a un grupo selecto de funcionarios.
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La iniciativa fue promovida por referentes de la oposición, entre ellos la actual senadora Celeste Amarilla (PLRA) y la destituída senadora Kattya González (independiente). La exlegisladora durante el tratamiento del proyecto de declaración denunció privilegios, falta de transparencia y violaciones al código de ética.
Aunque la propuesta no prosperó -por una ajustada votación en la Cámara Baja-, el caso marcó un precedente político relevante: el Congreso podía cuestionar internamente a su propia autoridad por el manejo de recursos.
¿Por qué el caso de Bachi Núñez es más grave?
A diferencia del caso Cuevas, el de Núñez no se limita a aumentos para terceros. Aquí, el propio presidente del Congreso se benefició directamente con un esquema de bonificaciones que él mismo administraba, lo que eleva el nivel de conflicto de interés.
Además, no solo se trató de un beneficio individual, sino de una expansión generalizada del gasto en bonificaciones, con montos millonarios distribuidos de forma discrecional.
Otro punto clave es que el esquema aplicado rompe con una práctica histórica: ningún antecesor había cobrado sobresueldos similares.
¿Algún senador se animará a replicar la propuesta?
El antecedente de Miguel Cuevas demuestra que existe una herramienta política —la pérdida de confianza— para sancionar este tipo de situaciones.
Sin embargo, hasta ahora no se ha impulsado una iniciativa similar contra Basilio Núñez.
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La pregunta que queda instalada es inevitable: ¿habrá legisladores dispuestos a promover una medida de este tipo ante un caso que, por monto, alcance e implicancias, parece incluso más grave?
El debate ya no es solo sobre cifras, sino sobre los límites del poder dentro del Congreso y la capacidad del propio sistema político para ejercer control sobre sí mismo.