10 de octubre de 2026
A 10 días de que opere la sanción automática, el Senado incluyó finalmente en su sesión del miércoles el proyecto de ley que prohíbe durante 2026 el pago de bonificaciones a las máximas autoridades de las instituciones públicas. La iniciativa fue impulsada por el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, tras descubrirse sus millonarias autoasignaciones.


El presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, rechazó devolver los casi G. 300 millones que cobró en concepto de bonificaciones. Sostuvo que la ley le permitía acceder a ese beneficio y cuestionó la interpretación que señala un exceso en los pagos.

Rectores de universidades públicas calificaron de “irracional” e “ilógico” que el proyecto del cartismo que elimina las bonificaciones salariales del 2026 afecte a docentes, investigadores y decanos entre otros miembros de las altas casas de estudio. Urgen a la Cámara de Diputados modificar el proyecto con media sanción del Senado para que no afecte a las universidades.
Ya está en cancha de Diputados definir el tamaño del “parche” que aplicarían al derroche de dinero público en favor de la clase política. El proyecto con media sanción de Senado que solo toca las escandalosas bonificaciones pondrá a prueba si Cámara Baja sigue de pasapapeles o se anima a aumentar un poco más la poda.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, desacata los topes presupuestarios y evita explicar por qué percibió bonificaciones que duplicaron el límite legal. Pese a que la normativa le autorizaba solo la mitad de lo cobrado, el legislador cartista embolsilló casi G. 300 millones en un año y, lejos de rendir cuentas, optó por atacar al Grupo ABC para desviar la atención.

El gasto en concepto de remuneraciones extraordinarias (RE) y adicionales (RA) en las dependencias que conforman los Poderes Ejecutivo y Legislativo muestra una dinámica claramente expansiva en el periodo 2016–2025. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total acumulado destinado ascendió a G. 1,125 billones, equivalentes a US$ 169.914.301 (promedio de tipo de cambio de los años en análisis), lo que evidencia la magnitud de este componente dentro del gasto público.