9 de julio de 2026

El gobierno de Santiago Peña con bombos y platillos anunció hace unos días el aumento de G. 144.952 del salario mínimo, lo que en realidad es una burla, ya que la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que pretendía eliminar el pago de una millonaria bonificación “extra” por “responsabilidad en el cargo” para altas autoridades. Con esto, autoridades van a seguir autoasignándose G. 6,5 millones la mes, elevando el salario de ministros a G. 33 millones. El caso más escandaloso fue el de Basilio “Bachi” Núñez que se autoconcedió un plus de G 21 millones al mes. Todo esto, en vez de destinar a pago de medicamentos.
Ya está en cancha de Diputados definir el tamaño del “parche” que aplicarían al derroche de dinero público en favor de la clase política. El proyecto con media sanción de Senado que solo toca las escandalosas bonificaciones pondrá a prueba si Cámara Baja sigue de pasapapeles o se anima a aumentar un poco más la poda.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, desacata los topes presupuestarios y evita explicar por qué percibió bonificaciones que duplicaron el límite legal. Pese a que la normativa le autorizaba solo la mitad de lo cobrado, el legislador cartista embolsilló casi G. 300 millones en un año y, lejos de rendir cuentas, optó por atacar al Grupo ABC para desviar la atención.

El gasto en concepto de remuneraciones extraordinarias (RE) y adicionales (RA) en las dependencias que conforman los Poderes Ejecutivo y Legislativo muestra una dinámica claramente expansiva en el periodo 2016–2025. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total acumulado destinado ascendió a G. 1,125 billones, equivalentes a US$ 169.914.301 (promedio de tipo de cambio de los años en análisis), lo que evidencia la magnitud de este componente dentro del gasto público.

La Cámara de Senadores analizará mañana dos iniciativas de privilegio: el proyecto que suprime bonificaciones a altos funcionarios -del que fue beneficiario el propio presidente del Congreso, Basilio Núñez- y la cuestionada reforma de la jubilación VIP parlamentaria, señalada como una medida que mantiene privilegios.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de Diputados finalmente no dictaminó sobre el proyecto de ley para el recorte a gastos escandalosos en bonificaciones, viáticos, bocaditos y gastos en publicidad estatal, justamente ahora que se sabe que el gobierno de Santiago Peña destinaría US$ 1,5 millones para promocionarse a través de influencers en redes sociales. Tampoco habría intención de tratar mañana eventualmente en una extraordinaria.