El Ministerio de la Defensa Pública (MDP), a cargo de Javier Dejesús Esquivel, enfrenta graves cuestionamientos tras acumular nueve meses sin definir a los ganadores de un concurso público realizado en junio de 2025.
En total, se llamaron a concurso 41 puestos para médico forense, mediador, ujieres, trabajadores sociales, administrativos, dactilógrafos, psicólogos, abogados, entre otros. Llamativamente, 24 de estos puestos actualmente están siendo interinados sin concurso.
El proceso debía otorgar los puestos a los profesionales mejor calificados para febrero de 2026, pero la institución optó por un prolongado mutismo que detonó fuertes sospechas de corrupción.
Las autoridades justifican el estancamiento alegando trámites burocráticos pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), excusa que los postulantes rechazan tajantemente al considerar que el certamen es una mera fachada para negociar cupos políticos y proteger a los funcionarios interinos que actualmente perciben los salarios en disputa.
Detalles del cronograma
El llamado oficial comenzó formalmente el 20 de junio de 2025 bajo la supervisión del defensor general, Javier Dejesús Esquivel, y la coordinación institucional de Raúl Bogarín Alfonso, hermano del “significativamente corrupto”, Jorge Bogarín.
Las primeras etapas avanzaron hasta el 18 de diciembre de ese mismo año con la publicación de los puntajes consolidados y la posterior habilitación de un periodo de tachas y reclamos que cerró el 22 de diciembre.
En ese preciso momento la institución emitió un documento oficial comprometiéndose a concretar el nombramiento administrativo de los seleccionados indefectiblemente para el mes de febrero de 2026.
Al finalizar dicho mes, el plazo prometido fue ignorado por completo y el silencio oficial dominó el escenario público.
La paralización quedó expuesta mediante un segundo pronunciamiento institucional publicado recién el 12 de marzo de 2026.
En este nuevo comunicado el MDP derivó toda la responsabilidad del atraso al MEF. El documento argumentaba que la máxima autoridad dispuso una verificación de “viabilidad administrativa y presupuestaria” previa a las designaciones para asegurar la sostenibilidad del pago salarial.
Esta decisión encendió la indignación colectiva al evidenciar que las autoridades convocaron a un concurso de alcance nacional sin tener garantizado el presupuesto desde el primer momento.
Las sospechas motivaron averiguaciones formales a través de pedidos de acceso a la información pública.
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Los documentos revelaron que la institución defensora recién ingresó el pedido de informe presupuestario el 6 de febrero de 2026 bajo el expediente 6902/2026.
El rastreo del trámite comprobó que el MEF archivó dicho expediente y remitió una respuesta electrónica al coordinador del concurso el lunes 30 de marzo.
Pese a contar ya con esta contestación, los postulantes denuncian que las autoridades continúan ocultando sistemáticamente la identidad de las personas con las mejores calificaciones.
Fuerte repudio
A través de redes sociales, la frustración de los concursantes se materializó en una avalancha de repudios dirigidos a la cúpula directiva del MDP.
El ciudadano Julio Damián Mendoza expresó que el retraso dejó de ser ineficiencia para convertirse en manipulación, exigiendo que los cupos dejen de negociarse bajo la mesa para satisfacer el clientelismo político.
En esa misma línea argumentativa se manifestó Derlis Rivas, al cuestionar severamente que se lanzara el concurso sin contar con los presupuestos aprobados, remarcando que la historia no cuadra y que recién ahora buscan los fondos para los puestos.
“El retraso ya no es ineficiencia, huele a manipulación”.Julio Damián Mendoza
Ruth Galeano calificó el manejo como una burla total para quienes invirtieron dinero y esfuerzo, señalando el descaro de proclamar transparencia cuando las propias autoridades demoran meses en integrar a los verdaderos ganadores.
Por su parte, Patricia Rojas indicó que extender el proceso tantos meses para terminar culpando a otra institución representa una falta de respeto a los concursantes. José Soilán también reclamó duramente el ineficaz papel de Raúl Bogarín ante la prolongada desaparición de la lista oficial de ganadores.
“Falta de respeto, seriedad, transparencia y confianza a un Ministerio que dice luchar por tus derechos”Ruth Galeano
Ministro justifica situación
El ministro Javier Dejesús justificó el retraso del concurso público señalando que el obstáculo central radicó en reformas legislativas inesperadas. Explicó que, tras el cambio de la ley de carrera civil, existieron “normativas nuevas exigidas para adjudicar los cargos”.
Agregó que esta coyuntura institucional generó conflictos técnicos sobre el reglamento de aplicación, convirtiéndose en “una variable que no estaba prevista con el concurso anterior”.
Además, la autoridad aclaró que, actualmente, deben cumplir rigurosamente con el “artículo 191 (…) de la Ley de Presupuesto que exige una serie de documentaciones”. Pese a estas trabas burocráticas, que definió como “un proceso interno“, garantizó que la nómina no se alterará y quedarían “los mejores puntuados”.
Finalmente, ante fuertes denuncias de direccionamiento, desmintió categóricamente toda injerencia afirmando que “no hubo algún tipo de presión política” y concluyó prometiendo que la resolución final saldría este mes.