“Debería ser el orden para declarar”. Breve y concisa es la orden que consta en uno de los documentos a los que tuvo acceso el proyecto periodístico Alianza Paraguay. No se trata de una sugerencia legal, sino de una instrucción externa acatada por el Ministerio Público, institución que, según el artículo 266 de la Constitución Nacional, debería ser autónoma pero que en el caso contra Banco Atlas por supuesto lavado de dinero funcionó como una oficina de trámites de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez.
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La mecánica de la grave injerencia quedó registrada de forma imborrable en los metadatos de los archivos; es decir, en el historial digital que identifica al autor original y los tiempos de creación. El esquema fue grosero, pero sobre todo violatorio del debido proceso que debió garantizar la Fiscalía: Claudio Federico Lovera Velázquez, abogado de la Conmebol, a cargo de Alejandro Domínguez, redactaba los escritos. Luego, los enviaba al Gmail personal de la fiscala de Delitos Económicos Liliana Alcaraz, quien reenviaba los archivos a su cuenta oficial del Ministerio Público para darles validez jurídica.
Abogado que dictaba la estrategia legal
El 1 de julio de 2021 es una fecha clave. Ese día, a Claudio Lovera le tomó apenas 9 minutos confeccionar un documento titulado “SECRETO BANCARIO”. Los metadatos confirman su autoría. El archivo llegó al correo privado de Liliana Alcaraz y, de inmediato ese mismo 1 de julio de 2021, ella se reenvió el documento a la mensajería institucional del Ministerio Público.
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Más allá de la filtración, lo que evidencia el sometimiento es el contenido. El abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, no solo sugería pasos, sino que dictaba la interpretación de la ley. En el párrafo final, Lovera escribió: “En rojo lo relevante, justamente el Ministerio Público está exceptuado por una ley especial la N° 5787/16...”.
Minutos después, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Manuel Cabrera Sanabria enviaron ese mismo 1 de julio de 2021 un oficio a la Superintendencia de Bancos (SIB) que era una copia fiel, palabra por palabra, de las instrucciones de Claudio Lovera, abogado de la Conmebol a cargo de Alejandro Domínguez. La Fiscalía ni siquiera se tomó la molestia de redactar sus propios fundamentos; simplemente le puso el membrete oficial a los argumentos de la Conmebol para presionar la entrega de información reservada.
Una persecución sostenida y “guionada”
Lejos de ser un hecho aislado, esta dinámica de “copiar y pegar” órdenes externas se extendió a otras ocasiones. En marzo de 2022, surgió un nuevo archivo titulado “Testigos – funcionarios de la SIB”. Los metadatos revelan que Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, trabajó en él durante más de siete horas.
Este documento, con fecha de última modificación 14 de marzo de 2022 por parte de Claudio Lovera Velázquez es un libreto para los interrogatorios que la exfiscala Liliana Alcaraz se reenvió el 16 de marzo de 2022.
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El abogado contratado por Alejandro Domínguez indicaba qué funcionarios debían declarar primero –“en orden, según quien se encontraba más cerca de las tareas de supervisión”– y armaba un relato cronológico de hechos para forzar la tesis del lavado de dinero. Incluso incluía apuntes sobre qué se debía recordar para sostener el montaje, donde todo era apuntar al Banco Atlas.
La “huella digital” como prueba irrefutable
La relevancia de los metadatos en esta investigación no es un capricho periodístico; es el mismo estándar técnico que el Ministerio Público utiliza hoy para procesar al expresidente Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de su gobierno.
En dicha causa, la Fiscalía –a través de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE), dirigida por Gunter Krone– basó su imputación precisamente en la verificación de correos y documentos adjuntos. Si para el Ministerio Público la “huella digital” es prueba suficiente de inducción a un subordinado a cometer un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del Código Penal-CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal (Art. 239 del CP), los registros que vinculan al abogado de la Conmebol con la exfiscala Alcaraz adquieren un peso jurídico y técnico incuestionable.
El desliz que anticipó el esquema
La gravedad de estas filtraciones trasciende el caso judicial. Liliana Alcaraz, quien según estas demoledoras pruebas operaba bajo el dictado del abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, mientras ejercía como fiscala, es hoy la máxima autoridad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Por su parte, Francisco Cabrera, quien firmó el oficio del 1 de julio de 2021 conforme a las instrucciones del abogado Lovera Velázquez, continúa incluso hoy como agente fiscal interviniente en la causa, donde el mismo Lovera Velázquez es querellante por la Conmebol.
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La evidencia recolectada por Alianza Paraguay sugiere que la “investigación” no nació de un análisis técnico independiente, sino de un guion externo diseñado para instrumentalizar la justicia penal. En este proceso, el Ministerio Público no actuó como representante de la sociedad, sino como el brazo ejecutor de un libreto redactado por la Conmebol.
Niega injerencia y dice que solo visitaba sede fiscal
El abogado de la Conmebol Claudio Lovera negó ayer cualquier instrucción para la Fiscalía, específicamente a la exagente Liliana Alcaraz, pese a las pruebas irrebatibles. “Instrucciones de lo que tiene que hacer no, siempre expresé mi postura respecto al tema de los datos que presento y para eso uno concurre al Ministerio Público”, dijo.
Señaló que siempre impulsó el caso, pero con visitas a la sede fiscal. “Cuando uno concurre al Ministerio Público también expresa sus inquietudes y hace consultas, de esa manera se impulsa el caso”, indicó. Según el abogado, lo único que recuerda es que siempre expresó su preocupación respecto al avance y esto muchas veces era de manera verbal o escrita. No recordó reuniones con la exfiscala Liliana Alcaraz. “Son casi seis años y pasaron como seis fiscales. Concurría a todas las unidades”, indicó.
ABC intentó igualmente obtener la versión de la exfiscala Liliana Alcaraz, pero no atendió las llamadas ni respondió los mensajes.
*Alianza Paraguay es un proyecto internacional de investigación integrado por periodistas de diferentes medios de comunicación en América Latina y Europa. El equipo accedió a decenas de documentos relacionados con casos judiciales clave en Paraguay.