7 de agosto de 2026

Registros de cuatro aeronaves revelan que el titular del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por supuestas irregularidades, usó Paraguay como escala principal en sus viajes internacionales. Datos obtenidos por ABC detallan que realizó casi una docena de vuelos con comitivas que también están bajo la lupa judicial argentina y estadounidense.



Bajo el mando de Emiliano Rolón Fernández, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce han caído en otro acto de analfabetismo funcional sin precedentes –o de abierta obediencia ciega– al inventar una “lesión de confianza” jurídicamente inexistente. Con este delito “fantasma” pretenden sostener la acusación de supuesto lavado contra directivos del Banco Atlas (parte del grupo empresarial a cargo de ABC), ignorando deliberadamente que el propio Alejandro Domínguez, en nombre de la Conmebol, se declaró “integralmente reparada” tras despojar a la familia Leoz de US$ 51,2 millones. ¿Estamos ante un FIFAgate 2.0 en Paraguay?
¿Venganza? Es posible, la cronología es indiscutible. Alejandro Domínguez, titular de CONMEBOL, ha repetido públicamente que ABC Color lo publicó “inmisericordemente” más de 280 veces y lo ha calificado como “matón mediático”. Esto sin contar el combustible qatarí que nunca llegó a Petropar.

El escrito de acusación contra directivos del Banco Atlas, parte del grupo empresarial al que pertenece ABC Color, es una aberración jurídica que denota mala fe o una criminal ignorancia legal, exponiendo al bochorno a la Fiscalía, bajo el mando de Emiliano Rolón Fernández. En la operación de venganza personal de Alejandro Domínguez –usando a la Conmebol con respaldo del gobierno de Santiago Peña–, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce despedazaron la ley para inventar crímenes donde solo hay herramientas financieras lícitas, arrastrando a la justicia paraguaya al ridículo internacional y a una peligrosa inseguridad jurídica para inversiones.

El 31 de octubre de 2024, ante la denominada comisión “garrote” del Congreso, creada e integrada por cartistas para perseguir a críticos al gobierno, concurrió el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera para sumarse al apriete al Grupo ABC. Ni en las 1.331 páginas que integran los 9 tomos del Informe Final de la citada comisión, ni en la exposición ora, que duró más de una hora, Lovera informó sobre el acuerdo entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domíguez y la familia del extinto dirigente Nicolás Leoz, pese a haber sido suscrito cuatro años antes.

El abogado Rodrigo Yódice calificó la acusación del Ministerio Público de “mamotreto” carente de sustento legal. Denunció que el proceso es una herramienta de “castigo reputacional” contra la línea editorial de ABC Color, ignorando pruebas clave como la reparación integral de daños y la naturaleza real de los fideicomisos.