El Informe Final de Auditoría de Cumplimiento publicado esta semana por la Contraloría General de la República (CGR) reveló un perjuicio patrimonial de G. 2.555.121.195 en las obras realizadas en “otros centros de salud”, como las denomina el contrato fiduciario del Instituto de Previsión Social (IPS) y Banco Atlas, firmado en el Gobierno de Horacio Cartes y ejecutado desde finales de su gobierno hasta el periodo de Mario Abdo Benítez.
Este faltante es el resultado de millonarias diferencias documentadas entre la cantidad de obras que fueron certificadas para su pago y las que efectivamente se ejecutaron en el terreno, en el marco de la licitación LPN SBE N° 170/21, durante la gestión de Vicente Mario Bataglia Araújo, extitular del IPS.
Principales hallazgos
Las verificaciones in situ de los auditores de la CGR confirmaron que los pagos irregulares por rubros no cumplidos afectaron a cuatro establecimientos: la Unidad Sanitaria de San Ignacio (G. 1.818.826.792), la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista (G. 341.201.022), la sede de Aporte Obrero Patronal en San Juan Bautista (G. 269.204.873) y el Hospital Regional de Ayolas (G. 125.888.508).
La CGR ratificó que el IPS (Fideicomitente-Beneficiario) es el “único responsable” de verificar el cumplimiento de lo establecido sobre las construcciones, citando la Cláusula 2.4 inciso b del contrato y liberando expresamente al fiduciario, el Banco Atlas, de toda responsabilidad al respecto.
Bataglia en la mira
El informe centra la responsabilidad de este descontrol financiero y técnico en la administración que operó durante la ejecución de los trabajos. El documento señala que la Comunicación de Observaciones fue remitida directamente a Vicente Bataglia, “en su carácter de expresidente y responsable del período sujeto a control”. Asimismo, el actual titular de la previsional, Jorge Magno Brítez Acosta, fue quien debió remitir los descargos institucionales ante las acusaciones.
Durante dicha gestión, la CGR documentó que la Dirección de Mantenimiento del IPS incurrió en negligencias temerarias. Entre ellas, resalta haber permitido la ejecución de millonarias instalaciones eléctricas sin exigir a las contratistas la designación de un ingeniero responsable matriculado en la ANDE, además de aceptar “planos conforme a obra” que no reflejaban la infraestructura preexistente real.
Legitimidad de obras
Durante meses, el exdirector jurídico del IPS, José González Maldonado, y la Auditoría Interna Institucional intentaron instalar la falacia de que las obras ejecutadas en “otros centros de salud” no figuraban en el acuerdo original del fideicomiso o que carecían de validez.
Sin embargo, la Contraloría afirma que el fraude no estuvo en el destino de los fondos, sino en los controles nulos de los propios fiscalizadores del IPS.
Ante las evidencias del desfalco, los exadministradores del IPS y la Auditoría Interna buscaron escudarse argumentando que otras dependencias, como la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), debían realizar el “control previo al pago” amparándose en la Ley N° 1535/99.
La Contraloría rechazó estos descargos por considerarlos “insostenibles y contrarios a la realidad operativa”.
Invocando la Resolución DNCP N° 2595/2017, el ente contralor sentenció que el “Administrador de Contrato” y los fiscalizadores designados por el IPS son los únicos responsables directos de velar por la correcta ejecución de las obras en el terreno.
Obras estuvieron previstas desde el inicio
El oficialismo repite que “Otros centros de salud” no aparecen en el contrato original del fideicomiso y que se cambió en la época de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, documentos publicados en la página web del Instituto de Previsión Social evidencian que esas tareas estaban dentro del acuerdo firmado el 13 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, específicamente en la cláusula segunda, en el ítem 2.4 inciso d.
La existencia de este punto también se sustenta de forma contundente con los más de 1.200 certificados de avance de obra y órdenes de la previsional, que fueron también analizados por la Contraloría General de la República (CGR). Las autorizaciones para el pago, con el fondo fiduciario, comenzaron a ser emitidas durante el gobierno de Horacio Cartes y prosiguieron en el periodo de Mario Abdo Benítez.
Lo sugestivo es que la auditora externa del IPS, Griselda María Irala, cercana a la exviceministra de Tributación en la presidencia de Cartes, Marta González, “OLVIDÓ” dicho pequeño gran detalle. Hizo solo hincapié en los pagos por obras “en otros centros de salud” en el lapso de Abdo Benítez, entre 2021 y 2022, según su “estudio”. Para la consultora “independiente” los trabajos “en otros centros de salud” no estaban especificados en el contrato de fideicomiso. Lo cierto es que, meses atrás, el IPS usó ese informe de auditoría externa para organizar una conferencia de prensa y presentar una denuncia en la Fiscalía.